La Justicia revoca el cese del médico que denunció los recortes en sanidad

Barcelona

En 'A Vivir' hemos hablado con el doctor Manuel Galiñanes, experto en cirugía cardiaca y que en 2015 fue cesado como jefe de servicio después de denunciar que dos de sus pacientes habían fallecido en una lista de espera agravada por la aplicación de las políticas de recortes en sanidad. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revocado esta destitución por considerarla "clamorosamente ilegal".

Manuel Galiñanes después de trabajar 23 años en el Reino Unido, consiguió su plaza mediante concurso público en el Hospital de la Vall d'Hebrón de Barcelona. Era el jefe de cirugía cardiaca y nos explica que su departamento mejoraba los datos cada año tanto en operaciones, como en recuperación de pacientes e investigación. Hasta que en 2015 todo cambió y se empezaron a aplicar drásticos recortes que significaban cierre de quirófanos, aumento de las listas de espera. "En semana santa de 2015 se cancelaron todas las cirugías, tan solo hubo 8 durante el mes de agosto, algo claramente insuficiente". Intentó en varias ocasiones reunirse y trasmitir su preocupación a las autoridades de la administración catalana. Al no obtener respuesta decidió hacer pública su denuncia. Dos de sus pacientes fallecieron perjudicados por el aumento de tiempo en lista de espera y responsabilizaba de ello a la administración. Inmediatamente tomaron medidas contra él y acabaron comunicándole su cese el 2 de noviembre.

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Manuel Galiñanes personalmente está contento con la sentencia, pero la ve más como una victoria colectiva. Hay más compañeros suyos, que trabajan en la sanidad pública, que están viviendo esa misma situación cuando denuncian los efectos de los recortes en sus pacientes y en su trabajo. "Me gustaría hacer un llamamiento a la población en general de que se conciende más, de que defienda sus derechos, que la sanidad pública no es gratis, que la pagamos entre todos y tenemos la obligación de decir a los administradores basta ya de recortes, basta ya de manejar los presupuestos, que nos den lo que nos pertenece. La sociedad tiene que movilizarse en ese sentido".

Acoso a familias con bono social

Esta semana la Aliança Contra la Pobresa Energètica ha denunciado ante el Síndic de Greuges (defensor del pueblo en Catalunya) y la Agència Catalana de Consum la situación en que están familias vulnerables, beneficiadas por el bono social y protegidas por la ley catalana de pobreza energética. No les pueden cortar la luz, pero las empresas de suministros venden su deuda a gabinetes especializados en reclamación de deudas que les someten a un acoso continuo. Llamadas a todas horas, cartas, amenazas... Es la pesadilla que están viviendo, además de tener que vivir con menos de 500 euros al mes, por no poder pagar la luz o el gas.