¿Qué pasa con los corruptores?

Madrid

¿Qué ocurre con los corruptores? Esa es la pregunta que se hace la opinión pública y con la que se topan tanto los profesionales de la Justicia, como los expertos en Derecho Administrativo que trabajan por una mayor transparencia. El caso Bárcenas es el mejor ejemplo de la dificultad de probar la relación entre el dar y el recibir, entre una donación a un partido y una adjudicación de un contrato. En la contabilidad del extesorero del PP aparecían las entregas de dinero de las principales empresas del sector de la construcción: Sacyr Vallermoso, OHL, FCC... Todos los donantes fueron imputados en la primera fase de la instrucción, pero el juez Ruz tuvo que dar marcha atrás y archivar la causa. No pudo establecer el vínculo entre esas aportaciones y la adjudicación de los contratos públicos a sus compañías. La explicación es sencilla: cuando Ruz consiguió recopilar la información que necesitaba, estas empresas habían recibido miles de contratos, con administraciones tanto del PP como del PSOE.

Los corruptores tienen a su favor lo que los juristas llaman "la dificultad probatoria". El cohecho activo (dar algo a cambio de un trato de favor por parte de una autoridad o funcionario público) es un delito muy difícil de demostrar, porque una adjudicación siempre tiene una apariencia de legalidad. Luis Manglano es juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y fue el Instructor del caso Naseiro, la primera investigación judicial sobre la financiación del Partido Popular y explica cómo "en la apariencia de legalidad está la trampa". Añade que "desmontar una adjudicación es dificilísimo, porque tiene una apariencia de legalidad y esa es la causa por la que en poquísimos contratos se ha podido averiguar adónde ha ido a parar la contrapartida del dinero entregado en el cohecho activo" . En definitiva, "seguir la pista de adónde ha ido a parar la influencia y cuál es la contrapartida es el punto flaco de las investigaciones penales".

En España, únicamente cuando hay sentencia firme una empresa deja de ser contratada por la administración. En otros países, como Holanda, basta el indicio de criminalidad para expulsar a una empresa de una adjudicación. Aquí, por el contrario, el tiempo durante el cual una empresa no puede recibir adjudicaciones públicas lo marca la sentencia y, si no lo hace, es un órgano dependiente de Hacienda quien decide. Se abre así un proceso largo, en el que la empresa puede seguir recibiendo contratos y en el que se tienen en cuenta muchos factores. Entre esas variables José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y colaborador de Transparencia Internacional, destaca los puestos de trabajo en juego: "Si una gran empresa ha entrado en prohibición de contratar, pero tiene cinco mil trabajadores, la prohibición de contratar por cuatro años supone extinguir la empresa".

Aunque la ley contempla la nulidad, pocas sentencias llegan con contratos todavía en vigor. Esa es la razón por la que Carlos Aymerich, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, insiste en la necesidad de confiscar el beneficio: "Como mínimo, habría que confiscar el beneficio de esa empresa, que [los corruptores] no saquen ningún tipo de lucro de la comisión de un delito. Si no es así, los beneficios de delinquir son todos".