Los deberes de las Comunidades Autónomas a Pedro Sánchez

Nuevo sistema de financiación

Casi todas las Comunidades Autónomas piden al Gobierno un nuevo sistema de financiación. Andalucía calcula que está infrafinanciada en 1.000 millones de euros al año y pide revertir esa cifra en cuanto sea posible. Baleares apuesta por una doble vía de financiación y propone que se mantengan las trasferencias del Estado a las Comunidades que la necesitan y una mayor soberanía fiscal para que aquellas que recauden más, puedan gastar más recursos. El Gobierno Valenciano, el más perjudicado por el actual sistema reclama, como ya hizo ante Rajoy, una fórmula más justa, con la que reducir así la tensión territorial.

Algunas regiones, como Galicia, Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León solicitan a Sánchez que la dispersión poblacional y el descenso demográfico, sobre todo en zonas envejecidas, se tome en cuenta a la hora de financiar a las comunidades.

Infraestructuras

Son varias comunidades sin red de alta velocidad las que piden que se aceleren las obras prometidas. Cantabria, reclama que el AVE llegue a su territorio através Aguilar de Campoo-Reinosa, antes de 2021. También Navarra y la Rioja reivindican que se mantengan los compromisos adquiridos con los anteriores ejecutivos sobre alta velocidad. El Gobierno gallego reclama a Sánchez que la conexión con Zamora esté terminada, como está previsto en 2019, una línea que conectará su red de alta velociddad con la del resto de España. Desde la Región de Murcia piden la mejora de la red de cercanías y el soterramiento de las vías a su llegada a la capital murciana.

También piden el soterramiento la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. Esa Comunidad exige además avances evidentes para el corredor mediterráneo y fondos para financiar el metro como ocurre en Madrid o Barcelona. Extremadura, vuelve a poner sobre la mesa un tren digno para la comunidad con la mejora de la red convencional y la ansiada red de alta velocidad. Andalucía reclama la conexión entre Algeciras y Bobadilla (en Málaga).

Y en cuanto a otras infraestructuras: varias comunidades piden que el fin del peaje de sus autopistas. La AP4 entre Sevilla y Cádiz y la AP-7 entre Alicante y Tarragona. Castilla y Leon, la AP1 entre Burgos y Miranda y la AP6 que une Avila con Madrid. Galicia pide al ejecutivo la transferencia de la AP9.

Agricultura

Peticiones contradictorias a las que va a tener que hacer frente el nuevo ejecutivo. Los Gobierno valenciano y murciano esperan que se garantice sin fisuras el trasvase del Tajo al Segura. Ximo Puig, reclama además que se defina el futuro de las desaladoras de Oropesa, Sagunt y Moncofa, todavía paradas. Cas

Castilla la Mancha, donde también gobiernan los socialistas, pide lo contrario en materia de trasvases, y reclama el fin del Tajo Segura, aunque coincide en apostar por las desaladoras en el Levante. Navarra, busca un acuerdo para la segunda fase del pantanio de itoiz, y Aragón, un plan de limpieza del río Ebro que prevenga riadas como la del mes de mayo. Murcia también reclama un plan para regenerar la bahía de Portman.

Y en agricultura, las peticiones van por mejorar la distribución de la Política Agraria Comunitaria. En ello coinciden Andalucía, Castilla y león y la Comunidad valenciana.

Inmigración

La Generalitat y el Ayuntantamiento de Valencia, que se ofrecieron a acoger a los migrantes del Aquaroos reclaman al gobierno central, lo mismo que a Rajoy en materia migratoria: que se dignifique el centro de internamiento de extranjeros de Valencia, e incluso su cierre si no se producen mejoras. Por su parte, desde Melilla y en Ceuta, se piden más recursos. El gobierno melillense, considera que si aumenta el flujo migratorio, sobre todo ahora que se ha aprobado la retirada de las concertinas de las vallas, se traslade a los migrantes a comunidades con más espacio y recursos. Desde Ceuta, su presidente Juan José Vivas pide más medios personales y tecnologicos para el control fronterizo.

Dependencia

El último grueso de las peticiones. Aragón y Andalucía reclaman un cambio en la financiación de la dependencia. Actualmente Andalucía aporta el 80 % de las prestaciones, por un 20 % del Gobierno central mientas que en Aragón, Madrid solo aporta el 15,5%, cuando el estado debería alcanzar 50.