Las abuelas de Sepur Zarco: una vida tras la victoria

Madrid

“Fue en el año 82, no recuerdo el mes, pero era el tiempo de la cosecha del arroz y eran las tres de la tarde. Los militares fueron a nuestra casa en busca de mi esposo. Entraron en mi casa, me preguntaron dónde estaba mi esposo y lo amarraron”. Así recuerda Matilde Sub el momento en el que su vida tranquila, en una comunidad basada en el equilibrio con la naturaleza, se rompió para siempre.

Matilde es solo una de las decenas de mujeres de la comunidad q’eqchi’ obligadas a huir de su tierra por el ataque del ejército guatemalteco. Su testimonio desgarrador relata cómo la violaron varios hombres a punta de pistola tras llevarse a su marido por la fuerza. Tuvo que refugiarse en la montaña y ver morir uno a uno a sus hijos por el hambre y las enfermedades.

En Punto de Fuga hemos hablado con cuatro de estas supervivientes: Matilde, Carmen, Candelaria y Rosario. Todas ellas denuncian la destrucción salvaje de sus aldeas. Sospechan que mataron a sus maridos por la tierra, y a partir de entonces, la vida de las mujeres quedó reducida a la esclavitud y las violaciones: “En el destacamento cocinaba frijol, fideos, arroz, lavaba la ropa a los soldados… Cuando iba al río a lavar, me perseguían varios soldados y lo hacían porque nos violaban en el río”, relata Carmen Xol. “En el destacamento también abusaban de mí. Me llevaban a un cuarto y me tiraban a la cama. Eran incontables los soldados que abusaban de mí. No me quedé embarazada porque nos daban medicinas, nos ponían inyecciones después de violarnos”. La tortura duró seis años.

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Los hechos sucedieron entre 1982 y 1988 en el oriente de Guatemala, en una región en la que se instalaron seis campamentos militares impulsados por una lucha por la posesión de las tierras, según nos ha explicado Irma Alicia Velásquez, doctora en antropología social y encargada del peritaje del caso. Tras la llegada del Ejército, hicieron desaparecer a los hombres y esclavizaron a las mujeres. “Estamos hablando de varias comunidades. A partir de que se va el Ejército las mujeres empiezan la búsqueda de la justicia. Ellas querían recuperar los restos de sus esposos”, explica Velásquez. Se calcula que más de 250 personas fueron ejecutadas en el destacamento militar de Tinajas.

“Un grupo de mujeres huyó a la montaña porque algunas de ellas ven a sus esposos ser asesinados enfrente de ellas y allí mismo empiezan a ser violadas, otras están amamantando a sus bebés, les quitan a sus bebés y las empiezan a violar, otras están embarazadas y las violan aun así”. En una región tan calurosa, lamenta Velásquez, muchos de los menores no podían sobrevivir a la huida en la montaña tras días sin alimentos. “Una vez que me perseguían los soldados llevaba en la espalda a mi hijo. Se estaba muriendo. Lo tenía en mis brazos cuando murió y no pude enterrarlo. Lo dejé debajo de una piedra. Volví sin ninguno de mis hijos, prácticamente desnuda, sin nada”, recuerda Rosario Xo.

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Este relato y su denuncia incesante, con el apoyo de organizaciones como “Mujeres Transformando el Mundo”, es lo que les ha valido su primera gran victoria. Aunque 34 años tarde, han logrado que el Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala condene a dos exoficiales militares por crímenes de lesa humanidad por los delitos de violación, asesinato y esclavitud en Sepur Zarco. Es la primera condena internacional a un delito de esclavitud sexual en un contexto de guerra. Y sienta un importante precedente para otras comunidades indígenas en las que puedan haber ocurrido hechos similares.

Esta sentencia pionera, del 26 de febrero de 2016, señala que el ejército de Guatemala tenía como estrategia la violencia sexual contra las mujeres indígenas durante la guerra de 1982 y ordena la reparación a las llamadas “abuelas de Sepur Zarco” y a sus comunidades.

Para Irma Velásquez no se trata solo de Sepur Zarco ni de las mujeres de allí, se trata de “cómo los pueblos indígenas han sido vistos a lo largo de la historia del país. Ha habido un permanente colonialismo que creó una idea de nación blanca en la cual los indígenas estaban en la última posición, y las mujeres indígenas más abajo aún. Eran totalmente descuartizadas sin ningún sentido de piedad”. La sentencia del caso Sepur Zarco tiene un enorme valor en la lucha contra el feminicidio. Mercedes Hernández, directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala, lamenta que todavía existen enormes resistencias sociales en la lucha contra la impunidad.

El daño producido por las constantes violaciones es considerado una profanación de la vida de estas mujeres. “En el idioma q’eqchi’ el término violación sexual no existe, se concibe como una profanación a su cultura y al cuerpo de las mujeres, lo que significa ser mujer en una comunidad indígena”, explica Paula Barrios, directora de “Mujeres Transformando el Mundo” y destaca lo relevante que fue para las víctimas el tener que servir a los militares haciendo sus labores domésticas por destrozar su armonía familiar y comunitaria, lo que ahora tratan de reconstruir.

Tras el conflicto algunas de estas mujeres han podido volver a sus aldeas, pero ya no quedaba nada. Los soldados habían quemado sus casas y todas sus pertenencias, la tierra que cultivaban ya no les pertenece. La sentencia es una primera victoria contra la impunidad, pero ahora falta que la reparación sea completa y la comunidad recupere su tierra, la armonía y la vida en paz. Su esperanza es que la condena sea ejemplarizante y el infierno que ellas han vivido no lo viva ninguna otra mujer en el mundo.