Vivienda para vivir, vivienda para ganar

Las cifras ponen en cuestión el modelo de vivienda en España. Los alquileres suben por tercer año consecutivo, se despegan de las rentas, mientras solo el 1,5% de las viviendas españolas son protegidas, las de más fácil acceso por ser construidas y gestionadas por el Estado. El gobierno promete la construcción de 20.000 nuevas casas para alquiler social dentro de su Plan de Vivienda. Los expertos advierten de que urge un cambio en la cultura de nuestro país, pero creen necesario afinar las medidas

Crisis inmobiliaria y el área urbana sin terminar /

Una cultura que se hunde en las raíces socioeconómicas. Un sistema que se ha tejido durante décadas, sumando las ineficiencias del Estado, los salarios que cayeron durante la crisis, la apuesta por el modelo de crecimiento basado en el turismo que ha hecho crecer los precios... Los españoles apenas alquilamos, subrayan los expertos, porque nuestra cultura no ayuda y nuestras economías tampoco. El 78% de las personas de nuestro país son los propietarios de su casa, diez puntos por encima de la media de la Unión Europea, catorce por encima de Francia y Reino Unido (64%), veintiséis por encima de Alemania (52%), según los últimos datos de Eurostat. Solo se asemejan a nuestro modelo los países de la órbita de la antigua URSS, como Rumanía (96,5%) o Lituania (89%).

El origen de esta cultura de la propiedad en España, dice el consultor de Ciudad Sostenible Iker San Román, es claro. Utilizamos la vivienda como red de seguridad, como protección social. Una inversión patrimonial ante las eventualidades que podamos tener en la vida. "En otros países con un Estado de bienestar más sólido, con pensiones mayores, salarios mínimos más altos y unas ayudas sociales que van a lo largo de toda la vida, no hay tanta inquietud" y eso facilita que la población no tenga miedo a quedarse sin nada y se anime a alquilar. En tales países la vivienda se entiende como un bien de primera necesidad, mientras en España la regulación la considera un bien mercantil. El problema de la segunda concepción es que también abre la puerta a la especulación, tal y como sucedió con la burbuja.

Los últimos años han agudizado la dificultad para alquilar en nuestro país. También fuera de él. En España, los precios han crecido sin parar desde 2015. Casi un 9% en el último año del que hay datos según el informe que elabora el portal web Fotocasa. Los sueldos por hora, dicen las estadísticas oficiales, cayeron un 7,6% durante la crisis y aún no se han recuperado. Es en las grandes ciudades donde alquilar sale más caro. En Barcelona los alquileres han subido un 47,5% en los últimos cinco años; en Madrid un 38%.

El plan del gobierno

El gobierno ha respondido a la urgencia de la vivienda con varios anuncios. Por un lado ha prometido la construcción de 20.000 viviendas públicas que destinará a alquiler social. Por otro, ha anunciado un nuevo Plan de Vivienda que hoy mismo ha comenzado a pactar con algunas Comunidades Autónomas. "El problema de la construcción de las 20.000 viviendas es que se necesita suelo y hacerlas llevará tiempo", explica San Román.

Fomento calcula un horizonte de entre cuatro y seis años para la construcción de las nuevas viviendas y no podrá hacerlo sin espacio donde erigirlas. En nuestro país, la mayoría del territorio es suelo privado, tendría que comprarlo con el sobrecoste que supone. Los suecos, al contrario, basan su modelo de construcción de vivienda en la propiedad pública del suelo y una fuerte regulación, como explica el también analista de Agenda Pública, Isidoro Tapia.

En una primera aproximación el gobierno puso encima de la mesa la posibilidad de aumentar de tres a cinco años los contratos de alquiler, otorgar ventajas sociales a las empresas que construyan vivienda pública y emplear incentivos fiscales para propietarios y empresas. Porque ante la necesidad de ampliar el parque de viviendas, cuenta San Román, puede optarse por construirlas o pueden ponerse en circulación las miles de casas vacías que todavía quedan en nuestro país -algunos estudios calculan más de 2 millones de viviendas vacías, otros elevan la cifra por encima de los 3 millones-.

Sin embargo, extender los beneficios sin ningún filtro sería un error. Consideración que hacen los expertos en referencia a los grandes tenedores, es decir, bancos y entidades financieras, a las que el Estado ya ayudó una vez. " Seguir ayudando a esas entidades para que rehabiliten las viviendas porque no han conseguido sacarlas al mercado o rentabilizarlas y, encima, gestionarles las viviendas para que reciban una renta todos los meses quizá no sea lo más adecuado para fomentar una cultura de alquiler", afirma Iker San Román.

Hoy Fomento ha lanzado otras propuestas, todavía globos sonda, consultadas con las Comunidades: mejoras fiscales para quienes oferten con rentas asequibles o la compra de casas por parte de la Administración para ponerlas después en alquiler. Antes, pretende elaborar un informe previo sobre los problemas de acceso a la vivienda en nuestro país.

El papel del Estado protector, torcido

Berlín, como la mayoría de las capitales europeas, se enrenta hoy a la crisis del alquiler. Cada año llegan allí 40.000 nuevos residentes. Un aumento de la demanda que ha atraído a inversores para la compra de vivienda, como ocurrió aquí, y que junto al efecto del alquiler turístico a través de plataformas como AirBnb, ha hecho actuar al gobienro de Merkel. La respuesta ha sido, en un país de gran tradición de alquiler, regular más. El gobierno ha reforzado su ley para frenar el precio de los arrendamientos. "Con la nueva ley fortalecemos los derechos de los arrendatarios, los protegemos de la rpesión y ponemos límites", aseguró la ministra de Justicia Katarina Barley.

Suecia también busca simplificar su modelo ante la creciente demanda; pero lo cierto es que en casi ningún otro país de Europa los jóvenes tienen tanta dificultad para acceder a una casa de acuerdo con los expertos consultados. "En Europa las sociedades de Vivienda de Protección Oficial son muy grandes manejan una enorme masa. Tampoco entienden que, como en España, las viviendas públicas se vendan y pasen a ser privadas, porque se pierde todo el esfuerzo que la sociedad ha hecho para crearlas" en beneficio privado, señala el consultor de Ciudad Sostenible. En nuestro país, de hecho, las redes de protección estatal han llegado incluso a invertirse.

Al terminar el año 2013, el PP todavía entero y poderoso de la Comunidad de Madrid había vendido casi 5.000 viviendas de protección oficial a fondos buitre. Ana Botella desde la alcaldía, Ignacio González desde la presidencia de la Comunidad. En un proceso que se hizo a la carrera, pensando en tapar los agujeros de EMVSA (Empresa Municipal de Vivienda Servicios y Actividades de Madrid), el precio de compra de las casas que vendió Botella lo fijo el propio comprador. Unos 128 millones de euros que, según los números de la propia Fidere, se han revalorizado desde entonces más de un 180%.

Los padres de Arancha Mejías vivían en una de aquellas casas. Su alquiler ha subido un 43%. ""El día que te llaman y te adjudican la casa es un sentimiento como si te hubiera tocado la lotería y diez años después el Ayuntamiento decide vendérsela a un fondo buitre y... hipotecarnos la vida". Ahora que el ejecutivo ha anunciado que se personará en la causa penal que investiga esas operaciones, Arancha confía "en que los tiempos jurídicos y los de las personas se igualen, porque el día a día de nuestras familias es diferente a los tiempos políticos. Espero que con decisiones judiciales y negociaciones de las instituciones se pueda reparar por fin el daño que se nos ha causado y podamos vivir con tranquilidad y sin tanta incertidumbre bajo nuestros techos". Cada pocas semanas, su nueva casea, Fidere, les encía burofaxes con amenazas de nuevas subidas de la renta.

Hacia el nuevo modelo

Un nuevo modelo debería basarse en el apoyo a pequeños propietarios, sostiene San Román, partiendo de la creación de un paraguas público. La creación de oficinas de vivienda que actúen como seguro para los propietarios y mediador para los arrendatarios, además de un adecuado nivel de inversión. "Tiene que haber garantías por parte de las Administraciones para que los propietarios de las viviendas digan: 'voy a tener un seguro para evitar desperfectos, no voy a tener que ir a un juicio cuando el inquilino no me pague' -es una locura gestionar todo eso-. Tengo garantías que me da la administración pública", sostiene el analista.

Un Estado implicado, dispuesto a premiar con bonificaciones fiscales a aquellos que pongan un precio de alquiler asequible, a regular los precios y a actuar como árbitro. Capaz de mirar a los modelos de nuestro entorno para copiar muchas de sus medidas, como indica el analista económico Sebastián Puig. Son las soluciones que proponen los expertos a una España falta de viviendas, donde la Justicia -esta semana ha vuelto a ocurrir- corrige acciones del ejecutivo en materia de vivienda. Hace apenas unos días, un juzgado anuló la venta de viviendas públicas a un fondo buitre en Leganés. El juez da la razón a siete familias que no podían pagar el nuevo alquiler. Arancha sigue luchando.

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