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¿Protegemos a las víctimas de los desaparecidos?

Menos imaginables son las situaciones que las familias tienen que afrontar para resolver las complicaciones derivadas del limbo civil en el que habitan estas personas que no están pero aún son

Periódicamente irrumpen en los medios de comunicación sonados casos de desapariciones que apenas son la punta del iceberg de una dramática realidad. Cada año se denuncian en nuestro país entre 20.000 y 25.000 desapariciones. La mayoría se resuelven, pero las no resueltas acumulan una nómina de 10.000 personas de las que nunca más se supo y la policía sigue buscando.

La desaparición de una persona es un drama familiar cargado de angustia e incertidumbre que es fácil imaginar. Menos imaginables son las complejas situaciones que las familias tienen que afrontar para mantener viva la búsqueda y para resolver las complicaciones derivadas del limbo civil en el que habitan estas personas que no están pero aún son, porque no están legalmente muertos, desde la custodia de sus hijos a la administración de sus bienes, por poner solo dos ejemplos. Las familias reclaman un Estatuto del Desaparecido. El gobierno está por la labor. Esperemos que no tarde en llegar.

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