El Gobierno argentino deroga el decreto que prohibía las extradiciones

El Gobierno de Néstor Kirchner en Argentina abrió hoy la puerta para que la justicia del país pueda decidir sin intromisiones sobre la extradición a España de personas reclamadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina.

De hecho, el represor argentino Alfredo Astiz, acusado de graves violaciones a los Derechos Humanos en la última dictadura (1976-83), fue detenido hoy en una dependencia de la Armada, informaron fuentes judiciales.

Poco después de regresar de Estados Unidos, el presidente Néstor Kirchner derogó un decreto suscrito en el año 2001 que obligaba a los jueces a rechazar inmediatamente cualquier pedido de extradición de argentinos responsables de la represión durante los "años de plomo".

"Queremos que la justicia desarrolle su actividad con independencia, que ocurra lo que en cualquier país civilizado", dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, encargado junto al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, de anunciar una decisión que era esperada desde hace días.

La anulación del decreto presidencial suscrito en su día por Fernando de la Rúa permite la posible extradición de los 45 militares y un civil que el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón quiere juzgar por genocidio, terrorismo de Estado y torturas.

Un juez argentino, Rodolfo Canicoba Corral, emitió ayer, jueves, órdenes de captura de las personas incluidas en la lista enviada por Garzón y a lo largo del día de hoy varios de los reclamados se pusieron a disposición del magistrado y fueron detenidos.

Otro, un ex integrante de la Prefectura Naval, Juan Carlos Azic, se disparó un tiro anoche y está internado en un hospital con la cara destrozada y pronóstico "reservado".

Las órdenes de captura sorprendieron a los principales responsables de la llamada "guerra sucia" contra la subversión desatada por las Juntas Militares (1976-1983), como Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, ya bajo arresto.

Videla, Massera y otros ex dirigentes de la dictadura están procesados por un delito que no estaba incluido en las leyes de perdón dictadas en la dècada de los años 80 en aras de la reconciliación nacional: el robo de niños, hijos de desaparecidos.

El ministro Beliz calificó de "inconveniente" el decreto derogado por Kirchner, porque, según dijo, iba contra la propia ley de extradición argentina y los tratados internacionales y bilaterales.

La decisión de anularlo se tomó tambièn para garantizar la igualdad ante la ley, pues daba "un tratamiento especial a algunos ciudadanos", y para garantizar la división de poderes, dijo Beliz.

Ayer, jueves, en Nueva York el presidente dijo que Argentina tiene dos "vergûenzas": los atentados contra instituciones judías cometidos en 1992 y 1994 y aún no aclarados, y la represión desatada por la dictadura que dejó miles de ejecutados, desaparecidos y torturados, cuyos responsables están libres.

Las personas reclamadas por el juez español no pueden ser juzgadas en Argentina porque se beneficiaron de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, o de los indultos concedidos a los máximos responsables de la dictadura, que sí fueron juzgados y condenados en este país.