Teófila Martínez condena ahora las irregularidades detectadas sobre Rodríguez de Castro

El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en las personas de su presidenta, Teófila Martínez, el actual Delegado del Estado, Miguel Osuna, y de los miembros del Comité Ejecutivo, aclaró hoy que "no respalda" y "condena" las irregularidades "puestas en evidencia" por la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas. En el comunicado, Martínez no exige la devolución íntegra del dinero gastado por Rodríguez de Castro.

De esta forma, la candidata del PP a la presidencia de la Junta, Teófila Martínez, rectifica lo manifestado hace apenas 24 horas. En una conferencia de prensa aseguró que el informe del Tribunal de Cuentas no ponía de manifiesto delito alguno. Sin embargo, en el comunicado hecho público este sábado, la presidenta de la zona franca habla ya de "irregularidades" que "condena" y "no comparte".

En febrero de 2001, cuando el escándalo saltó a la opinión pública, la presidenta del PP andaluz aseguraba que las denuncias sobre Rodríguez de Castro eran una "persecución personal y política" contra su persona.

Por otro lado, Teófila Martinez, en el comunicado, no pide al anterior gestor, que ahora desarrolla negocios particulares en México, la devolución íntegra del dinero público gastado sin justificación. Sólo asegura que "a través de la abogacia del Estado" le fueron reclamados a un colaborador de Rodríguez de Castro 16 millones de pesetas, es decir, una quinta parte de los casi 100 millones gastados según la auditoria del Tribunal de Cuentas.

En el comunicado el Consorcio afirma que "en ningún momento y bajo ningún concepto han respaldado ni van a aceptar que las irregularidades detectadas en la gestión del delegado anterior queden sin ser aclaradas", ya que "han supuesto una flagrante quiebra de confianza y de abuso del ejercicio de su cargo corroborado por el informe fiscalizador del Tribunal Constitucional.

En este sentido, desde la Zona Franca de Cádiz se destaca que "el único responsable, como pone de manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas, es la persona de Manuel Rodríguez de Castro, habida cuenta de que estas irregularidades las realizó en el ejercicio de su cargo sin el conocimiento y sin la aprobación del resto de las instituciones representadas en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz".

Ante los hechos descubiertos durante la colaboración mantenida con el Tribunal de Cuentas en la realización de la fiscalización de la etapa de Rodríguez de Castro, el Consorcio asegura que solicitó en enero de 2003 a la Abogacía del Estado la adopción de las medidas oportunas para corregir estos hechos, siendo comunicado el Consorcio por parte de la misma que se realizarían las acciones correspondientes para interponer las denuncias oportunas y la devolución de más de 96.000 euros a la persona responsable de la sede que Rodríguez de castro montó en Madrid, dinero que al no ser justificado ha sido reclamado ante los tribunales".

Además, recordaron que el Consorcio solicitó al grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados que apoyara eencargar al Tribunal de Cuentas que fiscalizara la gestión de la Zona Franca desde 1982 hasta 2000 y añadieron que "el Tribunal de Cuentas ha contado con la máxima colaboración y apoyo técnico del Consorcio gaditano a la hora de realizar la fiscalización de las cuentas de este periodo, lo que ha permitido que emita un informe de más de 100 páginas".

Según aclara el Consorcio en este comunicado, con la llegada al cargo de Osuna y "por iniciativa propia y de la presidenta, Teófila Martínez", reforzó los controles formales de la gestión por lo que "las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas ha realizado en su informe ya se vienen haciendo desde hace tres años, lo que permite garantizar la gestión pública del Conssorcio, que carecía de dichos controles desde mediados de los años 80".

PIDEN A DE CASTRO QUE ACLARE LOS HECHOS

Los miembros representantes del Consorcio afirman que "las responsabilidades políticas de estas entonces presuntas irregularidades que se dieron a conocer a la opinión pública hace tres años fueron asumidas por el propio Rodríguez de Castro al dimitir de su cargo bajo las recomendaciones que le hicieron las instituciones y organismos que confiaron su nombramiento".

En conclusión, "condenan" estas irregularidades y piden a Rodríguez de Castro que "en el ejercicio de su legítima defensa sobre las cuestiones vertidas contra él aclare a la opinión pública estos hechos".