La Audiencia Nacional juzgará a partir del 4 de abril a Ibarra por el caso 'fondos Alico'
También comparecerán ante el tribunal otros cuatro directivos del BBVA
La Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo 4 de abril a Emilio Ibarra y a otros cuatro directivos del BBVA por el denominado 'caso de los fondos Alico', en el que se investiga las cuentas abiertas por el banco en paraísos fiscales y con cuyos depósitos se contrataron fondos de pensiones para los consejeros de la entidad.
Además de Ibarra, en el banquillo de los acusados se sentarán también los ex altos cargos de la entidad Juan Urrutia Elejalde, José María Concejo Alvárez, Luis Javier Bastida Ibargüen y Rodolfo Esteban Molinuevo. Fue el pasado 29 de marzo cuando el juez instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dictó el auto de apertura de juicio oral contra Ibarra y cuatro colaboradores suyos.
El fiscal Anticorrupción Martínez Madero solicitó en su escrito de acusación cuatro años de cárcel para el ex presidente del BBV Emilio Ibarra por su implicación en este caso y por un presunto delito de apropiación indebida. El fiscal considera que los cinco son responsables de un delito de apropiación indebida, si bien Concejo, Bastida y Molinuevo deben responder sólo en calidad de cooperadores necesarios.
Según el fiscal, tras acordarse la fusión entre el Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria, ambas entidades fijaron un periodo transitorio para adaptarse a la nueva situación. "En esa línea integradora y de armonización, los respectivos consejos de administración pactaron nombrar 19 consejeros del BBV y 14 consejeros de Argentaria, quienes formarían el Consejo de Administración", dice el fiscal.
La operación acarreaba los correspondientes ajustes propios de una fusión empresarial, uno de los cuales implicaba que el presidente y los consejeros del BBV fueran a percibir unas retribuciones sensiblemente inferiores a la que venían cobrando antes de la fusión con Argentaria.
APROPIACION INDEBIDA
Los afectados expresaron su disgusto a Emilio Ibarra, quien se comprometió a buscar una solución. Así, decidió constituir en su favor en el de otras personas sendos depósitos cuya rentabilidad fue gestionada como fondos de inversión por la firma American Life Insurrance Co (ALICO) de Wilmigton (EEUU), con la que cada uno de ellos firmó el correspondiente contrato de gestión discrecional de carteras de inversión.
Ibarra actuó en su calidad de copresidente del BBVA, "faltando a la lealtad debida a la nueva compañía surgida de la fusión" y a los acuerdos a los que habían llegado ambas entidades. Según el fiscal, de los 19.244.187 de dólares desviados del patrimonio del BBVA, Ibarra se hizo con 2.982.558 y contó con la ayuda de Urrutia Elejalde, miembro de la Comisión de Retribuciones.
