La Audiencia da por cerrado el caso de la colza
Tras el pago de más de 2.100 millones a 18.500 afectados
Según ha sabido la Cadena SER, la Audiencia Nacional considera prácticamente concluido el caso del síndrome tóxico, el caso del aceite de colza desnaturalizado, en el que el Estado ha pagado ya 2.100 millones de euros en indemnizaciones a más de 18.000 afectados.
La oficina especial para la atención a los afectados por el síndrome tóxico, dependiente de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, ha informado oficialmente de que la cantidad de millones de euros pagados a las víctimas va a variar muy poco, ya que los casos que faltan por ejecutar, menos de cien, no se refieren a víctimas directas ni a los herederos de éstas.
La Audiencia constata que los únicos casos que quedan pendientes son de escasa relevancia y se refieren a un grupo de personas que tienen documentación insuficiente o bien que su grado de afectación por el aceite de colza es dudoso. En estos casos, que no llegan a medio centenar, los informes de los médicos forenses califican su situación simplemente como no afectados.
Según los datos oficiales hasta diciembre de 2005 se han tramitado 18.515 solicitudes de cobro y el Estado ha pagado exactamente 2.131.202.541,43 euros. Según las fuentes consultadas, la Audiencia Nacional considera el caso del aceite de colza prácticamente finalizado e incluso los responsables de la Abogacía del Estado que supervisaban los pagos ya se están retirando de las oficinas habilitadas en Madrid desde 1999.
La valoración que hacen los responsables de esta gestión es positiva no sólo porque se restablece definitivamente el derecho de los familiares a una indemnización, sino además porque la ejecución del caso ha sido muy compleja y la oficina judicial ha trabajado con mucha eficacia.
El caso del síndrome tóxico se detectó por primera vez después del fallecimiento del niño Jaime Vaquero el 1 de mayo de 1981 en Torrejon de Ardoz (Madrid). En esa década, cerca de 700 personas murieron y más de 25.000 resultaron afectadas por la ingestión de aceite de colza desnaturalizado con un compuesto químico llamado anilina que finalmente resultó ser tóxico y mortal.
La primera sentencia condenó a los 13 aceiteros que importaron desde Francia ese aceite para uso industrial, pero la segunda sentencia consideró al Estado responsable civil subsidiario, después de condenar al director de Aduanas, Manuel Hernández Bolaños. Después de 13 años en trámites judiciales, finalmente el Tribunal Supremo amplio las indemnizaciones y ordenó al Estado pagar todas ellas.
La mayoría de las indemnizaciones se han distribuido entre los herederos de las personas fallecidas, (más de 1.700) o entre los afectados con gran invalidez. La media de las indemnizaciones pagadas es de unos 20 millones de pesetas (122.000 euros). Sin embargo, es cierto que en torno a este asunto se denuncio una discriminación relevante porque las familias cuyos parientes fallecieron antes de la sentencia de la Audiencia Nacional de 1996 cobraron bastante menos que los fallecidos después de la sentencia. En este último caso, los fallecimientos se consideraron como "gran invalidez" y se pagaron cerca de 90 millones de pesetas por persona fallecida.
