Garzón abre la puerta a una investigación de las desapariciones durante el franquismo
El juez de la Audiencia Nacional pide a Interior y Defensa que identifiquen cuántas personas desaparecieron en la Guerra Civil y la dictadura
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abre la vía para que la Audiencia Nacional investigue las desapariciones sucedidas en España a partir del 17 de julio de 1936 a consecuencia del llamado "alzamiento nacional", el golpe de estado contra la República que acabó encabezando Franco.
El Magistrado ha dado órdenes a Defensa e Interior para que vuelquen sus archivos y le informen sobre los organismos que, en esos ministerios, pueden dictaminar sobre el número de desaparecidos "como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional y la situación de guerra civil que provocó y la postguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España".
El juez también ordena a ambos ministerios para que "en la medida de lo posible se identificaran los casos y si han existido denuncias por las desapariciones".
La providencia, fechada el lunes, pide a los denunciantes (particulares y asociaciones de desaparecidos de todo el Estado) que aporten "la identificación o enumeración de los casos de desaparición de personas que continúan hasta el día de hoy, detallando las circunstancias , en la medida de lo posible".
Autentificar el número de denuncias
El Magistrado ordena esta serie de diligencias no para verificar la veracidad de las denuncias, sino para autentificar su número y decidir si la Audiencia Nacional es competente en algunas de las atribuciones que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a que el magistrado admitiera la denuncia y pidió su archivo al considerar que ese órgano judicial no es competente para investigar las desapariciones. La fiscalía considera que cada caso debe remitirse a los juzgados de Primera Instancia que les correspondiera.
Los denunciantes consideran que las desapariciones producidas durante el régimen franquista constituyen un delito de "lesa humanidad".
