Suiza y Austria flexibilizan el secreto bancario
El Gobierno suizo advierte de que la adaptación a los estándares de la OCDE no cambia las reglas para los contribuyentes domiciliados en el país
La campaña de presión contra los paraísos fiscales iniciada por las potencias agrupadas en el G-20 y que ha recibido el respaldo de la OCDE ha logrado que Suiza, símbolo de esta práctica y que ha construido un imperio bancario a través de su política de confidencialidad, y Austria flexibilicen su secreto bancario.
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El Consejo Federal helvético ha decidido hoy aumentar el intercambio de informaciones sobre el secreto bancario conforme a las reglas en materia fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El Gobierno ha asegurado que simplificará los procesos en "en determinados casos" de sospechas "demostradas y concretas". Asimismo, ha adelantado que está dispuesto a revisar los acuerdos de doble imposición.
No obstante, el Gobierno suizo ha querido dejar muy claro que el secreto bancario continúa existiendo, y que la adaptación a los estándares de la OCDE en materia administrativa no modifica las reglas para los contribuyentes domiciliados en Suiza.
En Austria, el ministro austríaco de Finanzas, Josef Pröll, también ha adelantado hoy en una rueda de prensa desde Viena que las sospechas sobre prácticas irregulares de sus depositarios deberán estar bien documentadas para que las autoridades accedan a abrir las cuentas de un cliente extranjero. Hasta ahora, tanto las entidades suizas como las austriacas sólo estaban obligadas a dar información a otros países si había un proceso judicial abierto por casos de narcotráfico o terrorismo.
Los países europeos con secretos bancarios como Suiza, Austria, Luxemburgo, Bélgica, pero también Liechtenstein, Andorra y Mónaco, se encuentran sometidas a fuerte presión internacional bajo la acusación de fomentar el fraude fiscal y el lavado de dinero.
Precisamente, desde la OCDE, su secretario general, Ángel Gurría, se ha felicitado a través de un comunicado por los avances hacia "la supresión del uso abusivo de las disposiciones en materia de secreto bancario que facilitan el fraude fiscal" y la tendencia a "sanear uno de los aspectos más oscuros de la economía globalizada". A juicio de Gurría, un acceso fiable a la información constituye un "prerrequisito" para una aplicación "eficaz y justa" de las legislaciones fiscales propias de cada país.
El conocido como Club de los países desarrollados cree que, aunque todavía muchas jurisdicciones mantienen disposciones que impiden la colaboración en materia de investigación fiscal, las medidas adoptadas recientemente por las plazas antes mencionadas para adaptarse a las exigencias normativas de la OCDE demuestran que se están haciendo "progresos reales".
De este lado, la decisión del Gobierno suizo se enmarca en la intención del G-20 -que se reunirá en Londres el 2 de abril próximo- de incluir en una "lista negra" a los países considerados paraísos fiscales, y a los que no colaboran con los miembros de la OCDE en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.
En el borrador de la lista del G-20 elaborado en la pasada cumbre de Washington, Liechtenstein, Andorra y Mónaco aparecen como paraísos fiscales, y Suiza, Austria, Luxemburgo, Hong Kong y Singapur como países que no cooperan en esta materia. No obstante, en las últimas semanas, tanto Andorra como Liechtenstein, Singapur, Hong Kong, la isla de Man o las islas Caimán han aceptado promover la "transparencia y el intercambio de información fiscal". Un grupo al que hoy se han sumado Suiza y Austria.
