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El Ayuntamiento de Burgos, condenado a pagar cinco millones por incumplir una sentencia

La vinculación del alcalde, Juan Carlos Aparicio, es doble, al ser el encargado de ejecutar el cierre de la gasolinera y, por otro lado, ser presidente de la sociedad propietaria de este establecimiento

El Ayuntamiento de Burgos ha sido condenado a pagar casi cinco millones de euros por mantener abierta una gasolinera que una sentencia del Supremo hace doce años obligaba a cerrar. La gasolinera, que se encuentra junto a un aparcamiento de camiones, está gestionada por una sociedad pública que preside el alcalde de la ciudad, el ex ministro popular Juan Carlos Aparicio.

El Ayuntamiento de Burgos debe pagar cerca de cinco millones de euros de indemnización por mantener abierta una gasolinera en base a licencias que han sido anuladas por sentencia firme. La gasolinera se abrió por licencias municipales hace ya más de 20 años. La sentencia firme que obliga al cierre, se dictó en 1997.

Cada año la indemnización que debe pagar el Ayuntamiento se incrementa en 300.000 euros. El que debe ejecutar el cierre es Aparicio que, por su condición de alcalde, es también el presidente de la sociedad pública propietaria de la gasolinera, aunque está arrendada a particulares.

El asunto ha llegado a tal punto que el Tribunal Supremo estudia en este momento ya un suplicatorio para que el Alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, que es aforado al ser diputado del Congreso, responda ante la denuncia por prevaricación formulada por la Asociación de estaciones de servicio de Burgos.

En este momento el equipo de gobierno tramita una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permitiría reducir la distancia mínima entre estaciones de servicio y legalizaría la instalación, algo que ya se intentó y que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2001.

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