Sociedad

El director y el jefe de Informativos de la SER, condenados por informar

Daniel Anido y Rodolfo Irago han sido condenados por un juez de Madrid a penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística por revelación de secretos tras hacer pública una lista de afiliaciones irregulares al PP de Madrid

Madrid

El Magistrado-juez Ricardo Rodríguez Fernández, titular del Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid, ha dictado una sentencia en la que condena al Director de la SER, Daniel Anido, y al Director de Informativos de la cadena, Rodolfo Irago, como autores de un delito de "revelación de secretos" a un año y nueve meses de prisión, y a las penas accesorias de "inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y el ejercicio de la actividad de periodistas" y a "inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo" durante el tiempo que dure la pena privativa de libertad impuesta.

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- Las irregularidades en el proceso electoral interno habían sido denunciadas por escrito por dirigentes del propio Partido Popular madrileño, y estaban relacionadas con la batalla interna que mantenían Esperanza Aguirre y Ricardo Romero de Tejada contra Alberto Ruiz Gallardón.

- Entre las afiliaciones denunciadas como irregulares figuraban los empresarios Bravo y Vázquez, relacionados posteriormente con el "Tamayazo" que arrebató la Presidencia de la Comunidad de Madrid al socialista Rafael Simancas.

- El juez dice que la protección constitucional al derecho a la información se refiere a la televisión, radio o prensa escrita, pero que debe matizarse en Internet, argumentando que no es un medio de comunicación social en sentido estricto.

- Un portavoz de la SER ha dicho que la sentencia "causa cuando menos perplejidad y supone un claro atentado contra los principios constitucionales de la libertad de expresión e información y constituye un riesgo sin precedentes para el ejercicio de la profesión periodística"; al tiempo que ha anunciado la presentación del correspondiente recurso.

La condena impone también el pago de una multa diaria de 100 euros durante seis meses y de una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los denunciantes. Al establecer la indemnización y la multa, el juez argumenta entre otras cosas que "como datos de suficiencia económica de los acusados podemos reseñar, además de comparecer en el juicio con un letrado de confianza, de libre designación, destaca, fundamentalmente, los importantes cargos directivos que ambos desempeñan en la Cadena SER (...), cargos que si bien desconocemos cuál será su retribución, sin duda será verdaderamente importante".

Los hechos juzgados se remontan al 17 de Junio de 2003, cuando la Cadena SER, informó de la denuncia que había formulado ante los órganos internos del partido la entonces presidenta local del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, que en varias cartas dirigidas a Ricardo Romero de Tejada le pedía que garantizase el proceso electoral interno que vivía la agrupación local, tras haber constatado la existencia de una oleada de afiliaciones irregulares con las que se pretendía alterar el equilibrio interno del partido.

Entre las afiliaciones irregulares denunciadas se incluían las de los constructores Bravo y Vázquez, posteriormente relacionados con los autores del "Tamayazo" que arrebató la Comunidad de Madrid al socialista Rafael Simancas. La confrontación interna vivida en el municipio de Villaviciosa y Odón se enmarcaba además en el enfrentamiento interno que había estallado entre los partidarios del entonces Secretario General del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y su aliada Esperanza Aguirre, contra los seguidores de Alberto Ruiz Gallardón.

En la documentación de soporte a la información que estaba en poder de la SER figuraban varias cartas firmadas por Pilar Martínez, denunciando los hechos. En una de ellas, la ex presidenta del PP local de Villaviciosa, se dirigía a Romero de Tejada en estos términos: "...en aras a la honestidad y transparencia que deben guiar la actuación de los responsables regionales del partido popular, y especialmente en defensa de aquellos afiliados que se presentan a las elecciones del lunes avalados por otros muchos afiliados que durante años han querido y cuidado al partido, se debería actuar adecuadamente y no permitir que personas desconocidas, con residencia en otros municipios, decidan quién será el próximo Presidente Local, porque en el caso de que estas 78 afiliaciones consiguieran su propósito, el resultado sería ficticio".

En otra de sus cartas a Ricardo Romero de Tejada aportaba una relación de 100 afiliados, especificando que 3 de ellos, afiliados regularmente, no figuraban en el censo electoral enviado por Génova; censo que sí recogía, sin embargo, 19 afiliados que ya habían causado baja y 78 que "como su numeración indica, son afiliaciones recientes que no cuentan con la aprobación del Comité Local".

La Cadena SER difundió esta información sobre las presuntas afiliaciones irregulares, y se centró exclusivamente en las 78 que según la denuncia interna eran personas no habían seguido los trámites y de las cuales, muchas de ellas, estaban relacionadas con Bravo y Vázquez; algunas por trabajar en sus empresas y otras incluso por ofrecer como domicilio las propias instalaciones de la empresas de los constructores.

Durante el juicio, celebrado en el juzgado nº 16 de lo Penal de Madrid, el pasado 19 de Octubre, la propia ex presidenta del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, ratificó los hechos difundidos por la SER, y recordó que se había dirigido al entonces Secretario General Ricardo Romero de Tejada para denunciar los hechos, que tenían como telón de fondo un asunto de corrupción urbanística.

De hecho, en la propia sentencia, el juez afirma que "no puede negarse que era un hecho noticiable", como los reconoció la propia Pilar Martínez "en su declaración en calidad de testigo", y que los acusados "podían honestamente pensar que, publicando o cediendo para su publicación la lista de los presuntamente afiliados irregularmente, cuya denuncia ciertamente les constaba, informaban a la opinión pública de algo que la misma tenía derecho a conocer".

Sin embargo, a continuación, el magistrado matiza que lo noticiable no era la afiliación al PP de determinadas personas, revelando sus datos, aunque estas fueran presuntamente irregulares, sino la mera de denuncia de la existencia de irregularidades.

La noticia de las irregularidades fue emitida el 17 de Junio de 2003, en la Cadena SER, y en Cadenaser.com se publicó esta información, ampliada con la documentación de soporte, las cartas de denuncia de Pilar Martínez, y la lista de afiliaciones irregulares.

La libertad de expresión debe matizarse en Internet, según el juez

El magistrado considera que la acción de los acusados constituye un delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 197 del Código Penal, argumentando que "ordenasen los acusados la publicación de la mentada lista en la página web de la Cadena SER (Cadenaser.com) o la cediesen para su publicación, lo cierto es que se trata de una cesión universal por cuanto tiene acceso a la citada información todo el que la quiera ver; esto es, es libre", y añade a continuación que "la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión radio o prensa escrita), pero debe matizarse, que Internet, no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal".

<a name="despiece1"></a><b>Comunicado de FAPE y APM que critica la sentencia</b>

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) consideran que la sentencia del juez titular del juzgado 16 de Madrid, que condena a dos periodistas y directivos de la SER, es inaudita, desmesurada y asombrosa. El respeto debido a las decisiones judiciales no impide opinar que la confusión que emana sobre lo que son o no son medios informativos o sobre el concepto de revelación de secreto, es inquietante. Recordamos que el artículo 20 de la Constitución española establece en su punto 1 que "se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". Las organizaciones profesionales de periodistas manifestamos que sentencias de este tipo conspiran contra la libertad y contra el derecho a saber de los ciudadanos y debilitan el estado de derecho y el prestigio de las instituciones. Confiamos que el anunciado inmediato recurso contra esa sentencia ponga las cosas en su sitio. Y en ese sentido, apelamos a las autoridades judiciales para que -ajustado al procedimiento- se revise esta sentencia con la máxima celeridad para evitar los efectos disuasorios que sentencias de este tipo imponen al trabajo de los periodistas. Consideramos que debe ser sometida a análisis de los órganos judiciales superiores la actuación del autor de esta inusual pieza jurídica.

<a name="despiece1"></a><b>Comunicado de MediosOn</b>

MediosOn, la Asociación Española de Medios de Comunicación Online, que agrupa a más de un centenar de medios online españoles, considera que el contenido de la sentencia dictada por el Magistrado-juez Ricardo Rodríguez Fernández, titular del Juzgado de lo Penal nº 16 que condena a dos periodistas y directivos de la SER y en la que el juez dice textualmente "Internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto sino universal" es contraria a lo que establece el artículo 20 de la Constitución española en su punto 1 que dice "se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". MediosOn se une a las asociaciones profesionales de periodistas FAPE y APM y a las sectoriales de los medios e Internet en la petición de una revisión inmediata de esta sentencia que, además de desmedida, menosprecia a un sector empresarial que crea riqueza y da trabajo a miles de profesionales en nuestro país.

<a name="despiece1"></a><b>Comunicado de la APDA</b>

La Asociación de Profesionales de la Información Digital de Andalucía (APDA), desea manifestar su honda preocupación y su rechazo al contenido de la sentencia del juez titular del juzgado 16 de Madrid, Ricardo Rodríguez Fernández, que condena a dos periodistas y directivos de la SER, considerándola, al igual que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), como inaudita, desmesurada y asombrosa. La APDA, con un centenar de miembros, cree que acciones como éstas suponen un serio atentado a la libertad y contra el derecho a saber de los ciudadanos y, además de debilitar el Estado de Derecho y el prestigio de las instituciones, según ha manifestado FAPE, en la que la APDA se encuentra integrada. Además, repudia la reflexión del juez según la cuál "la protección constitucional al derecho a la información se refiere a la televisión, radio o prensa escrita, pero que debe matizarse en Internet", argumentando que no es un medio de comunicación social en sentido estricto. Por ello, la APDA confía en el éxito del anunciado recurso contra la misma y apela a las instancias superiores del Poder Judicial para que tome medidas contra sentencias que atentan directamente contra varios derechos fundamentales de la ciudadanía. Nuestra asociación se muestra muy inquieta ante este tipo de disposiciones judiciales y recuerda que en uno de los puntos fundacionales de sus estatutos aboga por la defensa del periodismo digital y por dignificar el uso de internet y extenderlo a toda la población como derecho universal.

<a name="despiece1"></a><b>Comunicado del Colexio de Xornalistas de Galicia</b>

La Xunta de Gobierno del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) expresa su honda preocupación por los argumentos empleados por el titular del juzgado del penitenciario nº 16 de Madrid para condear al director de la SER, Daniel Anido, y al director de informativos, Rodolfo Irago, por "revelación de secretos". Esta Xunta de Goberno llama la atención sobre lo hecho de que el juez señale en la suya sentencia que "lana protección constitucional al derecho la lana información se refiere a los medios de comunicación social (televisión, radio el prensa escrita), pero debe matizarse, que Internet, en el eres un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal". Para este colegio profesional, Internet convertiuse en un medio de comunicación más en el que también debe prevalecer el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y plural, tal y como establece la Constitución, especialmente al tratarse, en este caso, de la página web de un medio de comunicación. El CPXG tampoco encuentra explicación la esa diferenciación entre medio de comunicación social y medio de comunicación universal. Aunque la hubiera, desconocemos por que el segundo no debería estar protegido del mismo modo que el primero. La Xunta de Gobierno del CPXG defiende abiertamente el derecho de los dos periodistas a no revelar sus fuentes. Su negativa a hacerlo no implica necesariamente que la información fuera obtenida por mecanismos ilegítimos. Aunque así fuera, habría que demostrarlo. Por último, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia expresa su solidaridad con los gallegos Daniel Anido y Rodolfo Irago, quien también es colegiado del CPXG, y se ponen a su disposición para hacer valer sus derechos, que son los del conjunto de la profesión periodística.

<a name="despiece1"></a><b>La noticia en los medios</b>

- ELPAÍS.com: Un juez de Madrid condena al director de la SER y a su jefe de Informativos por publicar una lista de afiliados irregulares al PP' - ELMUNDO.es: 'Condenados a prisión el director y el jefe de informativos de la Ser' - ABC.es: 'El director y el jefe de Informativos de la Ser, condenados por revelar secretos' - PÚBLICO.es: 'Un juez considera que la protección al derecho a la información "debe matizarse" en Internet' - ELPERIÓDICO.com: 'Penas de prisión contra dos directivos de la SER por una noticia publicada en internet' - COPE.es: 'La SER recurrirá la sentencia que condena a prisión a su director y a su Jefe de Informativos' - RTVE.es: 'La Ser, condenada porque un juez cree que internet no es "un medio de comunicación social"'

<a name="despiece1"></a><b>Comunicado de la Asociación de Periodistas de Castellón (APC)</b>

La Asociación de Periodistas de Castellón (APC), quiere mostrar a la opinión pública su preocupación por la sentencia dictada por el Magistrado-juez titular del juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid, Ricardo Rodríguez Fernández, contra el director de la Cadena Ser, Daniel Anido, y contra el responsable de informativos de la mencionada emisora, Rodolfo Irago, por entender que la misma entra en contradicción con el artículo 20 de la Constitución española de 1978, en el que se reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Para la APC resulta inquietante que dos periodistas de reconocido prestigio como Anido e Irago resulten condenados con penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística por el mero hecho de haber difundido una noticia cierta de innegable interés público y por haber aportado las pertinentes pruebas que demuestran la veracidad de los hechos denunciados. Es muy difícil digerir este tipo de sentencias en pleno siglo XXI. La mencionada sentencia ha producido indignación y zozobra a la Asociación de Periodistas de Castellón, porque en caso de no ser revocada de forma inmediata, supondrá un gravísimo atentando contra el libre ejercicio de la profesión periodística, cuyos profesionales se verán obligados a optar por la autocensura para evitar penas privativas de libertad y de inhabilitación profesional. La APC considera inaceptable y fuera de toda lógica que se pretenda obligar a los informadores a revelar sus fuentes, por ser el secreto profesional uno de los derechos irrenunciables de los periodistas. Más grave aún es el hecho de que se dicte una sentencia condenatoria contra unos profesionales que han cumplido escrupulosamente con su obligación, publicando una noticia cierta y aportando las pruebas que dan consistencia a la misma. Por todo lo anterior, la Asociación de Periodistas de Castellón quiere: PRIMERO._ Enviar el apoyo y la solidaridad de sus socios a Daniel Anido y Rodolfo Irago. SEGUNDO._ Mostrar su confianza en la Justicia española, desde el convencimiento de que la sentencia del juzgado de lo Penal nº 1 de Madrid será revocada en instancias superiores. TERCERO._ Hacer un llamamiento a la reflexión del conjunto de los periodistas de Castellón y del resto de España, para que se rebelen contra este tipo de circunstancias que tan directamente les afecta. CUARTO._ Expresar su sorpresa porque a estas alturas alguien pueda considerar que las publicaciones digitales no son medios de comunicación.

<a name="despiece1"></a><b>Nota de los periodistas de la cadena SER, apoyada por las emisoras de toda España</b>

Los periodistas que trabajamos en las diferentes emisoras de la Cadena SER queremos trasladar nuestra solidaridad con Daniel Anido y Rodolfo Irago, director y jefe de Informativos de esta Cadena, respectivamente, tras la sentencia que les condena a penas de prisión e inhabilitación por actuaciones derivadas exclusivamente del ejercicio de la profesión periodística y difundir hechos de comprobada veracidad. Deseamos manifestar nuestro desacuerdo y preocupación con el contenido de la resolución del Magistrado-Juez Don Ricardo Rodríguez Fernández que consideramos contraria a la letra y al espíritu de la Constitución española, especialmente con su artículo 20. Entendemos que supone una severa amenaza al libre ejercicio del periodismo, por lo que solicitamos el apoyo y solidaridad de los profesionales de otros medios de comunicación.

<a name="despiece1"></a><b>Solidaridad del Col.legi de Periodistes de Catalunya</b>

El Col.legi de Periodistes de Catalunya (CPC) considera desmesurada la decisión del juez de enviar a prisión al director y el jefe de Informativos de la SER, Daniel Anido y Rodolfo Irago, por revelación de secretos, y manifiesta su solidaridad con ambos. Un juez de Madrid ha condenado a Anido e Irago a un año y nueve meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística por revelación de secretos, tras hacer pública una lista de afiliaciones irregulares al PP de Madrid. La cadena ya ha anunciado que recurrirá esta sentencia. En un comunicado, el CPC considera que la página web de la emisora es un medio de comunicación "que tiene que contar con la misma protección constitucional que un medio tradicional", contrario a lo que el juez estima en su sentencia, que señala que la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios sociales: televisión, radio y prensa escrita. El CPC reclamó que se ponga en la máxima atención en este caso para analizar la necesidades de revisar la sentencia, así como para asegurar que las condenas a estos periodistas "no puedan tener un efecto disuasorio dentro del ejercicio de la profesión".

<a name="despiece1"></a><b>Reporteros sin Fronteras, "escandalizada" por la "aberrante condena"</b>

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) se ha mostrado "escandalizada" por la "aberrante condena" de 21 meses de cárcel a dos periodistas y directivos de la Cadena SER. "La sentencia dictada es realmente escandalosa, desproporcionada e indigna de un país miembro de la Unión Europea (UE)", asegura RSF. El juzgado de lo penal número 16 de Madrid ha condenado al director de la Cadena SER, Daniel Anido, y al jefe de informativos, Rodolfo Irago, a un año y nueve meses de prisión, además de a pagar una multa de 18.000 euros y una indemnización de 130.000 y a ser inhabilitados por haber difundido en la página web de la SER una lista de presuntas afiliaciones irregulares al PP de Madrid. "Resulta inaceptable que se condene a penas de cárcel a unos periodistas, o se les prohíba ejercer su profesión, por no haber hecho otra cosa que cumplir con su deber informativo", agregó la organización por la libertad de prensa en un comunicado. Reporteros sin Fronteras añadió que la "revelación de secretos por internet (...) forma parte de los deberes que tiene una prensa de investigación libre".

<a name="despiece1"></a><b>Declaración del Comité Mundial de Libertad de Prensa</b>

El Comité Mundial de Libertad de Prensa (www.wpfc.org) —una organización que representa a 45 grupos de libertad de prensa de todo el mundo— expresa alarma y profunda preocupación por las sentencias y condenas contra el Director de la Cadena SER, Daniel Anido, y su Jefe de Informativos, Rodolfo Irago. Que un tribunal castigue, encarcele, multe y estigmatice a periodistas por informar correctamente al público sobre importantes noticias políticas, no sólo desafía la lógica y los valores democráticos, sino que también viola las convenciones de derechos humanos a las que España está vinculada. Obviamente, las revelaciones en los medios sobre supuestas irregularidades en las inscripciones de un partido político tienen el derecho en una democracia a estar debidamente protegidas por la ley. Esa protección fue negada judicialmente con sanciones extremas. Esta decisión constituye una amenaza a la libre circulación de información, lo cual es vital para la debida gobernabilidad. A no ser que se anule con premura, la sentecia crea un clima legal en el que el público español se verá privado de información a la que tiene derecho de recibir. Entre los múltiples errores de la decisión se encuentran los siguientes: - El tribunal dictó que distribuir noticias en la página web de la cadena fue incorrecto porque "Internet no es un medio de comunicación social", aparentemente relegando a Internet a la irrelevancia legal en la diseminación de noticias e información. - La decisión critica la presentación y enfoque del artículo, dicta cómo se tenía que haber redactado, otorga al tribunal la función editorial y usurpa el papel profesional del editor. - Pese a que la privacidad de la afiliación política está protegida en la Constitución Española, el hecho de que las supuestas irregularidades fueron originalmente denunciadas por una funcionaria del PP hace de este tema una historia merecedora de ser publicada. Castigar, como ha hecho el Juez Rodríguez, la legítima diseminación de relevantes noticias políticas, viola el Artículo 20 de la Constitución Española, el cual reconoce y protege "los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". - Los dictámenes y recomendaciones de prácticamente todos los entes internacionales de derechos humanos, incluida la Corte Europea de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, insisten en que los procesos legales referentes a la actividad de la prensa tienen que desenvolverse en el ámbito civil, nunca en el penal. - Si esta decisión se mantiene, tal radical interpretación del Código Penal funcionará como una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de cualquier periodista español, quien claramente arriesga su libertad y patrimonio por el mero hecho de cumplir con su deber —mantener al público informado sobre temas de interés social. La cobertura de las supuestas irregularidades de afiliación al PP es innegablemente uno de esos temas, como el mismo Juez Rodríguez reconoció. Por tanto, el Comité Mundial de Libertad de Prensa, teniendo presente que los Sres. Anido e Irago han anunciado que apelarán la sentencia, insta al correspondiente tribunal de apelación a que anule la sentencia y así les permita continuar con su crucial labor de informar al público.

<a name="despiece1"></a><b>Comunicado de FSC-CCOO</b>

Desde la Agrupación de Periodistas se considera "decimonónico" que un juez afirme que la protección constitucional al derecho a la información debe "matizarse" en Internet, que "no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal". Todo ello en un momento en el que las grandes empresas de la comunicación están apostando por la prensa on-line sobre el papel y en el que la organizaciones de periodistas trabajan para adaptar la normativa laboral a las especiales necesidades de los trabajadores de los medios de comunicación en este soporte. De hecho, en la propia sentencia, el juez afirma que "no puede negarse que era un hecho noticiable" y que los acusados "podían honestamente pensar que, publicando o cediendo para su publicación la lista de los presuntamente afiliados irregularmente, cuya denuncia ciertamente les constaba, informaban a la opinión pública de algo que la misma tenía derecho a conocer". Sin embargo, matiza que lo noticiable no era la afiliación al PP de determinadas personas, revelando sus datos, aunque éstas fueran presuntamente irregulares, sino la mera denuncia de la existencia de irregularidades.

<a name="despiece1"></a><b>Comunicado de la AGP-UGT</b>

La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) considera un "despropósito judicial" y un atentado contra el mandato constitucional de informar que deben ejercer los periodistas, la sentencia que condena a dos profesionales de la Cadena SER. Nunca puede considerarse delito trasladar a la opinión pública una información de interés público, veraz y contrastada, independientemente del soporte que la emita. Es insólito y absurdo que en la era digital una autoridad judicial argumente que la Cadena SER, al emitir por internet, pierde la condición de medio de comunicación social. Es inaudito considerar "revelación de secretos" el trasladar a la opinión pública una información facilitada por una fuente reconocida y que ratifica sus afirmaciones delante del magistrado que, aun a sabiendas de que la información es cierta y contrastada, condena a los periodistas por publicarla en internet. Es un atropello judicial imponerles penas de prisión, inhabilitarles y privarles de su derecho a voto por "cumplir con un mandato constitucional". En cuanto a la condena económica, la aseveración del juez de que tendrán una retribución económica verdaderamente importante es "indigna de ser utilizada por un magistrado", máxime cuando "supone" y no verifica los salarios de los condenados. La AGP-UGT solicita a la autoridad judicial competente que revise esta sentencia y la actuación del magistrado-juez Ricardo Rodríguez Fernández que, según el sindicato, contraviene la Constitución y perjudica seriamente el derecho de los verdaderos propietarios de la información, los ciudadanos.

<a name="despiece1"></a><b>'La SER, lo justo y la Justicia', El blog de Basilio Baltasar</b>

La blogosfera también se ha solidarizado con la Cadena SER. Consulta, por ejemplo, el punto de vista del blog de Basilio Baltasar en El Boomeran(g).

<a name="despiece1"></a><b>El apoyo de CCOO en COPE en Madrid</b>

La delegada Sindical de CCOO en COPE Madrid, Sefi García, ha manifestado su apoyo a Daniel Anido y Rodolfo Idago ante la resolución judicial del magistrado Ricardo Rodríguez Fernández. Considera a estos dos compañeros de profesión "punta de lanza para asentar las bases de la libertad de expresión en un medio relativamente nuevo", y asegura que "con ellos, debemos abrir caminos". En nombre de CCOO en COPE, traslada su solidaridad y apoyo a ambos periodistas, así como "el deseo absoluto de que esta situación se reconduzca". Según la carta de apoyo remitida a la SER, ha de reconducirse por el "bien y la tranquilidad de estos compañeros y por el futuro de esta maltrecha profesión, amenazada ahora en su fundamento: la Constitución Española". La sección sindical de CCOO en COPE Madrid ofrece su disposición a colaborar en lo que sea necesario en lo que califica de "batalla, un nuevo frente que se nos abre justo ahora, cuando la situación más nos aprieta".

<a name="despiece1"></a><b>El apoyo de la Sección Sindical Estatal de CCOO COPE</b>

La Sección Sindical Estatal de CCOO COPE ha mostrado en una misiva su "solidaridad y apoyo", así como el "más firme rechazo a la resolución judicial del magistrado Ricardo Rodríguez Fernández" contra los periodistas Daniel Anido y Rodolfo Irago. "Entendemos que con su condena se merma todavía más el libre ejercicio de la profesión periodística y se suma un nuevo elemento a la ya precaria situación de los informadores en nuestro país", ha indicado el Secretario General de la Comisión Ejecutiva, Fernando de las Heras.

Daniel Anido: "Se están dando episodios de presión sobre la prensa"

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