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El Gobierno dice ahora que el documento sobre las pensiones enviado a Bruselas es sólo un estudio

Confusión entre el Ministerio de Economía y Presidencia del Gobierno sobre un documento enviado a la Comisión Europea con medidas para reformar el sistema de pensiones

El Ministerio de Economía ha terminado por eliminar del documento enviado hoy a Bruselas el polémico párrafo que contemplaba elevar a 25 años el periodo para calcular las pensiones de jubilación y a 17 el tiempo necesario para tener derecho a ellas. Antes de eso, y ante la repercusión que estaba teniendo la medida, Moncloa negó que se tratara de una propuesta oficial a pesar de que se incluye en la Revisión del Plan de Estabilidad 2009-2013.

El Gobierno ha sembrado hoy la confusión al desmentir que el documento presentado a la Comisión Europea sobre la reforma de las pensiones sea una propuesta firme. Sin embargo, desde Moncloa indican que se trata simplemente de un estudio en el que se habla de ampliar el periodo de cálculo de la pensión desde los 15 años actuales hasta un total de 25.

Esta medida, que el Gobierno califica ahora como "no oficial" se incluía en la revisión del Programa de Estabilidad 2009-2013, donde ''ha hecho números'' sobre lo que supondría esta medida en términos de ahorro. El Ministerio de Economía ha confirmado que ya ha eliminado ese párrafo del documento y que ha enviado su nueva redacción a Bruselas.

La redacción original del texto decía lo siguiente:

"De acuerdo con los estudios disponibles para España, el impacto de estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante. En concreto, cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Por tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030. Esto supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad (S2) que elabora la Comisión Europea; en concreto, el componente que recoge el gasto asociado al envejecimiento se situaría entre los más bajos de Europa".

Una vez modificado, reza:

"De acuerdo con los estudios disponibles para España, el impacto de estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante. En concreto, cada año que se retrase la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Ello supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad (S2) que elabora la Comisión Europea".

Los 15 años perjudican a algunos trabajadores

Aunque formalmente la ampliación del periodo de cálculo de la pensión a 25 años no figura como tal en el documento de propuestas para la reforma de la Seguridad que presentó el pasado viernes, el Ejecutivo sí reconocía que el actual sistema de 15 años perjudicaba a los despedidos al final de su vida laboral, por lo que debían buscarse soluciones a este tema.

En el programa de estabilidad 2009-2013 que ha remitido a Bruselas, el Gobierno español calcula que cada año de retraso en la edad legal de jubilación reduciría el gasto en pensiones en un punto del PIB.

Para alcanzar los 4 puntos del PIB

Pero, además, explica en su informe, si se ampliara el número mínimo de años cotizados para obtener una pensión, se produciría un ahorro adicional de dos décimas del PIB. Si a esta ecuación se le sumara un incremento en el periodo de cálculo de las pensiones, medida a la que el Ejecutivo parece, a priori, favorable, el gasto en pensiones se reduciría aún más.

Por tanto, dice el Ejecutivo, si a lo largo de la década de 2020 se elevaran en dos años tanto la edad legal de jubilación, que pasaría así a situarse en 67 años, como el mínimo de años cotizados, y a ello se le añadiera un aumento en diez años del periodo para calcular la pensión, "el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos del PIB".

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