El Congreso exige al Gobierno suprimir el 25% de los altos cargos

El Congreso ha aprobado, pese al voto en contra del PSOE, una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a realizar una profunda reestructuración "con carácter inmediato" que implique la reducción en un 25% del número de altos cargos y asesores. El grupo popular ha espetado al PSOE: "Váyanse, señores socialistas, es la mejor política que pueden hacer". El resto de los partidos de la oposición han criticado la "demagogia" del PP, pero han aceptado el fondo de la iniciativa.

La de hoy ha sido la decimotercera derrota del PSOE en el Pleno del Congreso. Este nuevo envite surge de la alianza del PP con los nacionalistas de CiU y PNV, los independentistas de Esquerra Republicana y buena parte del Grupo Mixto, incluido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de Rosa Díez. Los dos diputados de IU e ICV optaron por abstenerse.

El perfil más duro lo ha encarado el PP. El portavoz de Administraciones Públicas del Grupo Popular, Rafael Merino, ha dicho que "los únicos que no van al paro en este país son los socialistas y tenemos un ejemplo con el señor Chaves". Los portavoces de la formaciones minoritarias, pese a aceptar el fondo de la iniciativa, han criticado la exposición de Merino. "No vamos nada bien, con discursos harto demagógico de la oposición", ha resumido el secretario general de Esquerra, Joan Ridao.

La ponente del PSOE, Meritxel Batet, ha expresado la disposición del PSOE para hablar de reducción de costes: "Pero ya sabemos que el debate no va de esto, sino de asumir el poder -ha espetado al PP-. Ustedes suben a la tribuna para decirle a un Gobierno, legítimamente elegido para gobernar, que se vaya. No lo hacen para reducir el gasto público, pues en las comunidades donde gobiernan hacen lo contrario".

Al final, el PSOE se ha quedado solo votando en contra de la propuesta del PP y ha sufrido su decimotercera derrota en el Pleno del Congreso. La anterior fue el 19 de noviembre, cuando no pudo evitar que la oposición sacara adelante un párrafo de una moción de CiU en el que se obliga al Gobierno a presentar el proyecto de ley de Financiación Local antes del 30 de junio de 2010.