El juez retrasa hasta el martes el auto del ex presidente balear, Jaume Matas

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma deberá pronunciarse sobre la petición de ingreso en prisión bajo fianza solicitada por la Fiscalía anticorrupción y la acusación particular en el marco del caso Palma Arena, ante el elevado riesgo de fuga.

Será finalmente el martes cuando el magistrado notifique a la defensa de Matas si impone medidas cautelares contra el encausado, sobre quien pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, cohecho, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.

La Ley establece unos límites máximos de cumplimiento, por lo que no necesariamente a quien condenan a una determinada pena cumplirá los años impuestos, sino los límites máximos fijados por la ley. De acuerdo a esta normativa, existe un límite que es el del triple de la mayor de las penas dictadas, de modo que el delito más grave que en este caso se le imputa a Matas sería de ocho años -malversación-, lo que quedaría traducido en un total de 24.

Tras más de quince horas de interrogatorio a Matas, la acusación pública solicitó el viernes prisión bajo fianza de tres millones de euros, la más elevada de las reclamadas en Baleares, al aseverar que la trascendencia de los hechos investigados y el "importante volumen de la actividad delictiva" de Matas, así como el patrimonio generado y que éste "se ha pretendido poner fuera del alcance de las autoridades mediante el uso de testaferros", evidencian a su juicio que el ex presidente cuenta con "numerosos e importantes recursos económicos que posibilitan y ayudan a su fuga".

Además, los fiscales pidieron la retirada del pasaporte -que el juez ya ordenó el viernes como medida cautelarísima para evitar su huída-, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial y su comparecencia quincenal 'apud acta' ante el Juzgado. A la solicitud del Ministerio Público se adhirió la acusación particular, ejercida por las letradas de la Comunidad Autónoma Mari Ángeles Berrocal y Mari Ángeles González.