Un consejero de Esperanza Aguirre también fue espiado
Novedades sobre el espionaje político a Ignacio González, 'número dos' de Esperanza Aguirre. Mariano Zabía, ex consejero del gobierno de Esperanza Aguirre de Urbanismo y Medio Ambiente, también fue espiado
Madrid
La Cadena SER ha tenido acceso al último informe de espionaje conocido sobre Ignacio González depositado en sede judicial. Según declaró el autor del dossier ante el juez, el posible cobro de comisiones que motivó el encargo del dossier fue por una operación de fusión y compra de capital de la 'Triple A', el entramado del Canal de Isabel II en Latinoamérica.
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El informe, al que ha tenido acceso la Cadena SER y depositado en sede judicial, incluye un índice de dos páginas redactado en inglés. El encabezamiento dice textualmente que el despacho de República Dominicana fue "requerido por una compañía para investigar a la 'Triple A', el entramado público del Canal de Isabel II en Latinoamérica, debido a una operación de fusión y compra".
Por este motivo la compañía extranjera, cuyo nombre no figura pero sí el despacho de abogados en República Dominicana, piden investigar a Ignacio González, vicepresidente de Madrid que preside el Canal desde 2003, el ex gerente Ildefonso de Miguel, y Mariano Zabía, entonces consejero de Esperanza Aguirre de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Actualmente Zabía está en activo en el Gobierno de Aguirre, pasó de ser responsable de urbanismo a dirigir el consejo consultivo de la Comunidad.
El índice del informe incluye investigar la situación económica de los tres cargos, sus vinculaciones de negocios y las de sus familias con la Triple A y el Canal, su aparición en los medios y la situación económica del grupo, entre otros asuntos.
Según el testimonio ante el juez del autor del dossier, "una compañía en República dominicana iba a llevar a cabo una operación conjunta con las empresas del Canal y decidieron investigarles. El motivo fue un posible cobro de comisiones".
El despacho de abogados de República Dominicana envió hace semanas vía fax el consentimiento de levantamiento de secreto profesional al Juzgado Número 47 de Plaza Castilla, donde se instruye el caso. Con el permiso del despacho, una agencia de seguridad española aportó el informe al juzgado el pasado mes de octubre.
