El Parlamento catalán prohíbe las corridas de toros a partir de 2012
La propuesta ha sido aprobada por 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones
Por 68 votos a favor, 55 en contra, y 9 abstenciones, el Parlamento catalán ha aceptado la Iniciativa Legislativa Popular que pedía prohibir las corridas de toros en la comunidad. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2012. A los taurinos catalanes les queda año y medio para disfrutar de los astados en la Monumental. Los pronósticos no han fallado. La libertad de voto de los dos grandes partidos, CiU y PSC, ha acabado decantando la votación. La mayoría de diputados nacionalistas se han inclinado por el Sí, los socialistas han optado principalmente por el No. / VNEWS
El Parlament de Cataluña ha decidido prohibir por mayoría absoluta -con el voto favorable de 68 diputados de los 135 del arco parlamentario- la celebración de corridas de toros en una votación en la que finalmente CiU y PSC han decantado la balanza a favor de las tesis animalistas.
El resultado supone que a partir de 2012 el único coso que permanece operativo en la comunidad, La Monumental de Barcelona, deje de celebrar corridas de toros, aunque se mantienen los 'correbous', tradicionales en municipios del sur de Tarragona y que no implican la muerte del animal.
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68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones han decidido una polémica candente desde que en el mes de diciembre los diputados aceptaran debatir una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la materia, respaldada con 180.000 firmas de ciudadanos.
Tres diputados de CiU no han ejercido su derecho al voto: Xavier Pallarès, Francesc Sancho y Josep Maria Pelegrí.
Durante meses los diputados han tenido la ocasión de escuchar argumentos de defensores y detractores de las corridas taurinas que, salvo excepciones, han evitado el carácter identitario de los festejos, en un debate que ha contado con la participación del propietario de La Monumental, Pedro Balañá, el apoderado del diestro José Tomás, el científico Jorge Wagensberg y el filósofo Josep Maria Terricabras, entre otros.
Tras la aprobación, los numerosos prohibicionistas presentes en el pleno del Parlament como público han iniciado una larga ovación dirigida a los diputados, mientras un abatido Serafín Marín -torero catalán-, observaba incrédulo lo sucedido.
Finalmente la diferencia de 13 votos entre los prohibicionistas y los defensores de los festejos ha sido superior a lo que se esperaba, como refleja que finalmente 68 diputados -la mayoría absoluta de la cámara catalana- ha apostado por la abolición, un voto más que cuando se admitió a trámite la ILP.
En las intervenciones, los representantes de las diferentes formaciones han aplaudido la serenidad y madurez democrática con la que se ha producido el debate durante estos meses, al tiempo que han reiterado sus posiciones. CiU y PSC han defendido la libertad de voto de sus diputados, aunque el socialista David Pérez, reconocido taurino, ha pedido a sus compañeros que votaran por la "libertad".
PP y C's han asegurado desde la tribuna que tras la intención de prohibir los toros se encuentra la intención de los nacionalistas catalanes de alejarse de cualquier tradición que guarde similitud con España, algo que han rechazado con vehemencia CiU y ERC, al defender que la prohibición se basa en criterios estrictamente morales y que las corridas de toros son una tradición plenamente catalana.
"No estamos ante un debate identitario", ha precisado el diputado de CiU Josep Rull, quien ha defendido también que la discusión realizada hace de Catalunya una "nación más digna".
En la misma línea, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, ha asegurado que no caerán en las "provocaciones" de confrontar Catalunya y España, porque la evidencia muestra que en el resto del país también existen numerosos abolicionistas que conforman una "corriente creciente".
El diputado de ICV-EUiA, Francesc Pané, ha argumentado por su parte que las corridas de toros suponen un espectáculo de "crueldad gratuita" y la prohibición solo defiende superar prácticas arcaicas de la concepción del mundo, a pesar de que la "profunda España" quiera presentar el asunto como una polémica identitaria.
Rafael Luna (PP) y Albert Rivera (C's) han apuntado por su parte que la prohibición acarreará unos costes para la Generalitat superiores a los 300 millones de euros, inasumibles en época de crisis.
Luna ha defendido la libertad de los aficionados para asistir a las corridas y ha recordado que según los cálculos de los taurinos, la prohibición le costará a cada familia catalana unos 250 euros.
Rivera, por su parte, ha negado que se tratara de un debate únicamente animalista, porque si así fuera también se prohibirían otras prácticas de maltrato animal. Por ello, ha pedido a los diputados que defendían la prohibición que, en adelante, no cacen, no pesquen, ni coman 'foie' porque durante su extracción las ocas sufren.
