Sociedad

La Justicia investiga al Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) por malversación de fondos

La Policía se personó en el consistorio el pasado 9 agosto con cuatro citaciones judiciales dirigidas al cuerpo técnico del Ayuntamiento, gobernado por el PP

Tendrán que declarar como testigo ante el juez los responsables de tesorería, contratación, intervención y secretaría municipal sobre adjudicaciones y facturas que suman más de 3,5 millones de euros. La Fiscalía de Madrid, tras observar indicios de posibles delitos, remitió la denuncia al juzgado en 2007. Acusan al alcalde del PP Juan Velarde, y su equipo de gobierno, de imponer un sistema de contratación para trocear contratos millonarios.

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La denuncia va dirigida contra el alcalde del PP de Arroyomolinos, Juan Velarde, y su equipo de Gobierno, acusados de imponer, desde hace al menos seis años, un sistema de contratación por el que sistemáticamente, trocean las adjudicaciones para simular contratos menores que, en realidad, alcanzan cifras anuales millonarias.

La acusación incluye trato de favor con empresas vinculadas a concejales del Ayuntamiento. Es el caso de una sociedad de artes gráficas con facturas pagadas por valor de 158.000 euros en la que trabaja el hermano de la concejal de Sanidad, Marisa Quiroga. No es la única relación familiar de la concejal, su cuñada, Teresa Calvo, tiene facturas a su nombre por publicidad y marketing institucional del Ayuntamiento. Tras los últimos cobros, fue contratada como cargo de confianza del concejal de servicios generales.

Otro caso. Según el escrito, el anterior secretario de Organización del PP de Arroyomolinos, José Vallejo, y actual concejal de Seguridad, administra una sociedad que cobró unos 50.000 euros fuera de concurso de este Ayuntamiento.

En todos los casos los informes de intervención de cada uno de los pagos cuentan con informe de intervención desfavorables al estar fuera de la legislación vigente. Los pagos se llevaron a cabo por decreto del alcalde del PP Juan Velarde. Los funcionarios del ayuntamiento tendrán que declarar el próximo 1 de octubre en el juzgado número 3 de lo penal de Navalcarnero. La denuncia fue presentada en 2007 por cuatro concejales de la oposición ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

 
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