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El Defensor del Pueblo investigará los controles policiales a inmigrantes en centros de Cáritas

El Sindicato Unificado de Policía confirma que los agentes tienen órdenes verbales para entrar en centros de acogida y comedores sociales para identificar y, en su caso, detener a inmigrantes en situación administrativa irregular

El Sindicato Unificado de Policía confirma que los agentes tienen órdenes verbales para entrar en centros de acogida y comedores sociales para identificar y, en su caso, detener a inmigrantes en situación administrativa irregular. El sindicato muestra su preocupación por la inseguridad jurídica en la que pueden incurrir los policías al practicar identificaciones de dudosa legalidad.

El Defensor del Pueblo ha abierto esta misma mañana una investigación tras recibir el informe sobre la situación social de los inmigrantes elaborado por Cáritas y que, entre otros aspectos, advierte sobre controles policiales selectivos y arbitrarios en sus centros para identificar a ciudadanos extranjeros.

La Oficina del Defensor analizará esta cuestión pero en el marco de una investigación global sobre el informe de Cáritas, que también denuncia otras presuntas vulneraciones de la ley, como las trabas de muchos ayuntamientos a empadronar a los inmigrantes, exigiéndoles más requisitos de los que establece la normativa.

Órdenes para entrar "donde haya inmigrantes"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) confirma en todos sus extremos la denuncia que ayer realizó Cáritas y asegura que los agentes tienen instrucciones verbales para entrar en cualquier centro o comedor social de cualquier entidad u ONG para identificar a extranjeros.

"El único requisito es que se trate de lugares donde hay inmigrantes. O bien se les identifica conforme van entrando a los comedores sociales o bien, esos controles se practican dentro de los centros. Los policías entran y, en muchas ocasiones, ni siquiera llegan a cruzarse con responsables de los centros de acogida, sino que directamente identifican a los inmigrantes y, si no tienen la documentación, también se practican detenciones", explica José María Benito, portavoz del SUP.

"Es una actuación muy grave que entendemos está fuera de las competencias legítimas de los policías. Nosotros estamos para detener a quienes cometen delitos, sean españoles o extranjeros, pero no para perseguir inmigrantes en comedores sociales". Además, el SUP muestra su preocupación por la falta de cobertura jurídica en la que podrían estar incurriendo los agentes que se ven obligados a practicar estas actuaciones. "De hecho, ya se están produciendo algunas denuncias por detención ilegal", explica Benito.

El SUP, que ha denunciado reiteradamente estos controles selectivos y arbitrarios en lugares públicos, exige la inmediata derogación de la circular 1/2010 de la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras que ampara este tipo de identificaciones.

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