El voto particular considera que la ilegalización de Sortu se basa en "citas parciales y conjeturas"

La mayoría de la sala 61 del Tribunal Supremo cree que ETA diseñó el plan para que Sortu se presentara a las elecciones municipales, según el contenido del auto sobre la nueva marca de la izquierda abertzale, que la citada sala del alto tribunal ha notificado a las partes.

La "prueba directa" para tomar esta decisión, tal y como les adelantó la Cadena SER, está en unas actas incautadas a ETA en una operación de la Audiencia Nacional. Esos documentos ponen de manifiesto, a juicio de estos nueve magistrados, que la banda terrorista es la garante de este proceso y que "no renuncia a usar la fuerza en caso necesario". Es ETA la que dicta las instrucciones a Batasuna "de lo que se debe y no se debe hacer".

Por su parte, los siete magistrados que formulan voto particular acusan a sus compañeros de la sala del 61 de "sustituir la valoración de la prueba por la construcción de un relato identificando a la izquierda abertzale y a ETA con la creación de Sortu. Subrayan que la decisión mayoritaria se basa en esas actas de ETA pero que las usan "con citas parciales y conjeturas incompatibles con innumerables elementos probatorios que las contradicen". Añaden que no hay similitud sustancial entre Batasuna y Sortu porque "sus estructuras, organización, funcionamiento y promotores no coinciden".

Estos siete magistrados, entre ellos tres presidentes de sala, sostienen que ha habido un intento "de una parte del mundo abertzale para que en el País Vasco sean defendidas aspiraciones independentistas por vías estrictamente políticas".

Por ello, concluyen, hay que admitir la actividad del nuevo partido político en tanto no se demuestre "cualquier tipo de connivencia con el terrorismo, momento en que la ley española permite su ilegalización inmediata".

El rechazo a la violencia

En cuanto a los estatutos de Sortu que rechazan la violencia. Dice la mayoría, tal y como les adelantó esta emisora, que este extremo sólo responde a un "engaño diseñado y ejecutado por ETA - Batasuna" para legalizar a la nueva formación abertzale. Lo que en Derecho se conoce como "plan de autor".

La minoría, sin embargo, entiende que "la jurisprudencia otorga un valor decisivo a la renuncia formulada en los Estatutos".