Los colegios concertados estudian llevar al Ministerio a los tribunales por excluirles de las ayudas públicas | 11-04-2011

La patronal de la escuela concertada (FERE) denuncia que tanto el Ministerio como las Comunidades Autónomas están discriminando al millón doscientos mil alumnos que estudian en centros concertados en España, al excluir a estos centros o limitar su acceso a convocatorias públicas de diversos programas educativos.

FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza) no descarta una ofensiva judicial para denunciar lo que considera una discriminación para sus alumnos. Y es que, según denuncia, los colegios concertados quedan excluidos o limitados en su acceso a programas educativos, como el plan de ordenadores portátiles, los programas de intercambio lingüístico o el plan de atención a la discapacidad en las aulas.

"Se nos exige siempre cumplir con nuestros deberes, pero no nos sentimos igualmente reconocidos en nuestros derechos, como centros financiados con fondos públicos", explica el Secretario General de Fere, Juan Antonio Ojeda, que pone como ejemplo una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Tras recurrir a los tribunales, la justicia ha dado la razón a los centros concertados que habían denunciado su exclusión de la convocatoria realizada por la Consejería de Educación para que los alumnos extremeños pudieran optar a intercambios lingüísticos de tres semanas en países de habla inglesa.

El último motivo de conflicto es la reciente orden de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional que permite a los centros agruparse para el desarrollo de programas educativos, materiales didácticos y proyectos de colaboración con Centros Integrados de Formación Profesional o Escuelas de Idiomas. La convocatoria de ayudas está sólo abierta a centros públicos, una circunstancia que FERE estudia llevar a los tribunales por la vía contencioso administrativa, si el Ministerio no rectifica. "Le hemos enviado una carta al ministro Gabilondo y confiamos en que el diálogo se imponga a la judicialización de los asuntos educativos", explica Ojeda.