El PP respalda la actuación del alcalde de Poyales del Hoyo contra la memoria histórica

El Partido Popular respaldó la actuación del alcalde de la localidad abulense de Poyales de Hoyo, Antonio Cerro, en dos aspectos derivados del asesinato de 9 personas represaliadas por el Franquismo. El apoyo del PP se concreta en el traslado a una fosa común de las nueve víctimas y los enfrentamientos registrados el domingo por el homenaje que pretendían organizar sus familiares y asociaciones vinculadas a la Memoria Histórica. El presidente del PP de Avila, Antolín Sanz, aseguró que el regidor actuó "acorde a la Ley". Además, instó a los colectivos que cuestionaron el procedimiento a "llevar el tema a los tribunales".

Y, efectivamente, el conflicto llegará a la vía judicial. Las asociaciones convocantes de la concentración del domingo presentaron una denuncia contra los concejales del PP por incitar a la violencia. En la denuncia se incluye también a determinados vecinos por atentar contra la libertad de expresión, la libertad de movimiento y por proferir insultos y amenazas. El documento incluye imágenes de vídeo y fotografías de los enfrentamientos, donde se constata cómo los familiares y miembros de dichas asociaciones vieron frustrado su intento de celebrar un homenaje en el cementerio. También se pueden identificar a las personas que les llamaron "putos rojos" y se enfrentaron violentamente con ellos.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, defendió la actuación de la Guardia Civil al impedir una batalla campal en la plaza del pueblo. Alejo reclamó "sentido, común sensatez y respeto a las personas muertas". El líder regional del PSOE de Castilla y León ,Oscar López, calificó de "intolerable" el incidente. Asimismo, el portavoz de IU en el Parlamento regional, José María González, instó al presidente de la Junta y presidente del PP, Juan Vicente Herrera, a "imponer algo de cordura entre los miembros de su partido".

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitó al PP que reparara el error cometido porque el Código Penal contempla, en su artículo 526, que se considera delictiva "la falta al respeto debido a la memoria de los muertos", a través de manipulación de las sepulturas o daños en los restos. Todos los colectivos lamentaron que a pesar de existir una Ley el responsable de una administración haya consentido arrojar los restos de los represaliados a una fosa común, conculcando los derechos fundamentales de los ciudadanos . Entre las víctimas figuraba una joven de 26 años embarazada.