El Principado de Asturias detecta "graves irregularidades" en la Fundación Niemeyer

El Gobierno del Principado ha señalado este viernes que tras una auditoría interna y la Intervención General del Principado se han detectado "graves irregularidades" económicas en la gestión de la Fundación Niemeyer.

El Principado de Asturias lleva invertidos y aportados en el Niemeyer hasta la fecha más de 45 millones de euros y una parte de esa cantidad no dispone de facturas correctamente conformadas que justifiquen los gastos contabilizados, según refleja la auditora KPMG en el informe realizado sobre las cuentas anuales de 2010.

Asimismo, el informe interno elaborado por la Intervención del Principado de Asturias contempla otras numerosas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Niemeyer. "Con este Gobierno, donde haya dinero público habrá siempre transparencia en el gasto y control de legalidad en los actos, en defensa de los intereses de todos los asturianos", asegura el Consejero de Cultura, Emilio Marcos Vallaure.

El Gobierno del Principado de Asturias cedió gratuitamente el edificio del Niemeyer, valorado en 42 millones de euros, hasta el 14 de diciembre de 2011, y ha hecho entrega de subvenciones por valor de más de 3 millones de euros en cuatro años. Según recogen las propias cuentas de la Fundación, las cantidades totales percibidas hasta finales del año 2010 ascienden a 4.354.000 euros, contabilizándose como financiación privada hasta esta fecha un total de 240.000 euros.

El patronato de la Fundación procedió a la presentación de las cuentas anuales de 2010 en fecha 21 de Julio de 2011. En ellas se indicaba por la empresa KPMG, entidad auditora de la Fundación, que "la Fundación no dispone y, por tanto, no ha podido facilitarnos, facturas y otra documentación soporte de determinados gastos. Adicionalmente, no hemos recibido respuesta a algunas de las cartas de circularización enviadas a determinados proveedores y acreedores de la Fundación, incluyendo a algunos con los que esta mantiene registrados saldos deudores".

En consecuencia, "no hemos podido satisfacernos de la razonabilidad e integridad de determinados gastos y saldos deudores y acreedores de la Fundación", según KPMG. Este hecho se justifica en el mantenimiento de los registros contables por un proveedor externo que recientemente ha sido sustituido por otro.

Esta situación, unida al estado de la documentación que justifica el empleo de las subvenciones de ese ejercicio 2010 -que posteriormente se comprobó se extendía a toda la vida de la Fundación- dio lugar a que se solicitara la elaboración de un informe interno por el Principado de Asturias.

Informe interno del Principado de Asturias

En él se indican, entre otras irregularidades, que no se ha podido comprobar si la cuantía de los gastos de personal es correcta al no figurar en el expediente los contratos que los respaldan. También se desconocen las cuantías percibidas por el personal al servicio de la Fundación al no haberse proporcionado información alguna al respecto.

Recoge además, según el Principado, que los gastos en viajes, hoteles, restaurantes y similares, carecen de soporte documental para responder a la naturaleza de la actividad subvencionada, que resultan estrictamente necesarios, incluyendo en este extremo los justificantes presentados en los ejercicios 2007 y 2008.

Existen también facturas que se considera que no reúnen los requisitos exigidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las operaciones de facturación, al no desglosar las operaciones a que se refieren.

Irregularidades presupuestarias y en transparencia

La enumeración de irregularidades continúa durante distintos ejercicios presupuestarios. De amplias cantidades de dinero, sólo se acreditan con facturas partes muy pequeñas, por ejemplo, de un pago de 44.000 euros sólo se justifica la décima parte.

En conclusión, la investigación interna del Principado de Asturias revela importantes irregularidades de la legislación vigente en materia de subvenciones. Asimismo, se han vulnerado relativas a la publicidad y al libre acceso de los datos contables de las actividades subvencionadas.

Por ejemplo, se justifican en el ejercicio 2010 dos gastos de actividades culturales por importe de 100.000 euros mediante acreditación de las correspondientes transferencias, sin que figuren en el expediente las facturas justificativas. Otro ejemplo, existen justificantes de fecha posterior a la establecida como límite máximo para la justificación por importe de 72.173 euros, en el ejercicio 2007.

Pero la lista de irregularidades continúa: no existe acreditación del pago de los gastos presentados como justificación, -requisito exigido por la Ley General de Subvenciones para tener la consideración de gasto realizado, y en consecuencia subvencionable-, salvo en los gastos pagados con tarjeta de crédito en 2007 y 2008 y en la justificación correspondiente a 2009, único expediente que incorpora justificantes de pago, si bien, no hay acreditación del mismo por importe de 52.895 euros.