El Gobierno aprobará un plan de prevención del fraude fiscal para recaudar 8.731 millones
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría anuncia que la Seguridad Social acaba el año con un déficit del 0,06%
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que el Gobierno aprobará en breve un Plan General de Control Tributario por el que espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012, y que se centrará fundamentalmente en la lucha de la economía sumergida y los paraísos fiscales.
La vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido ante los medios tras el Consejo de Ministros adelantado a este jueves, para explicar las medidas que el Ejecutivo adoptará para seguir recortando el déficit público. En este sentido, ha reiterado que esta "situación extraordinaria" requiere "medidas extraordinarias".
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Sáenz de Santamaría ha anunciado un plan del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que solicitará a través de una carta al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, información relativa a la "adecuación" de las retribuciones de la cúpula de las entidades que han recibido ayudas públicas.
La idea de esta iniciativa pasa por que Ordóñez facilite las retribuciones fijas y variables de estos altos cargos de las entidades que debieron recurrir al Estado para poder seguir operando y que se hace para evitar aquellas medidas que premien a los gestores que a algunas entidades al borde la quiebra.
Lucha contra el fraude fiscal
En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha indicado que una de las novedades que incluirá el plan será limitar el uso de efectivo en determinadas transacciones financieras para aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones. El plan de prevención del fraude fiscal operará en tres ámbitos: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas.
Otra de las propuestas sería la implantación de medidas similares de otros países para limitar la cantidad que dinero efectivo que se pueda usar en determinadas transacciones para luchar contra el dinero negro en esos pagos.
Centrales nucleares
Otro de los asuntos tratados en el Consejo de Ministro de este jueves ha sido el requerimiento que hará el Gobierno, a petición del Ministerio Industria, al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al que pedirá un informe sobre la prolongación de la vida útil de la central de Santa María de Garoña, cuyo cierre estaba previsto para el año 2013 tras una prórroga concedida por el anterior Ejecutivo.
Déficit de la Seguridad Social
Santamaría también ha informado de que la Seguridad Social cerró 2011 con un déficit de 668 millones de euros, el equivalente al 0,06% del PIB, frente al superávit inicialmente previsto por el Gobierno socialista del 0,4% del PIB. Sáenz de Santamaría ha señalado que, pese a esta desviación negativa sobre lo previsto en las cuentas de la Seguridad Social, los pensionistas pueden estar "tranquilos", pues las pensiones se pagarán puntualmente. La vicepresidenta, que ha comentado que esta situación le recuerda a la de 1996, ha insistido en que la realidad económica es "más dura" de lo que pensaba el Gobierno, por lo que ha advertido de que las medidas que adoptará en el futuro "también lo serán".
Reducción del déficit de las comunidades autónomas
Asimismo, ha anunciado que el Gobierno convocará en enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera para examinar la situación del sector público empresarial y reducirlo, con el fin de ahorrar costes y ayudar a corregir el déficit público. "Es obligación de las comunidades autónomas cumplir sus objetivos de déficit al Estado le corresponde asumir los compromisos con Europa", ha recordado la vicepresidenta.
Rajoy no dará explicaciones hasta febrero
Sáenz de Santamaría ha señalado que el presidente del Gobierno no comparecerá en el Congreso para las medidas adoptadas hasta febrero por razones de "economía procesal". Así, ha explicado que "lo lógico" es que Rajoy comparezca tras el Consejo Europeo que se celebrará el 30 de enero para explicar las medidas que se hayan adoptado hasta ese momento y el calendario de las que se aprobarán en el futuro.