El Gobierno podrá "intervenir" a las comunidades que no cumplan con el déficit
El Estado prestará dinero a las autonomías a cambio de control en sus cuentas
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas obligará a las comunidades autónomas que reciban dinero del Instituto de Crédito Oficial a que rindan cuentas de sus presupuestos ante el Estado. Cristóbal Montoro ha trasladado esta tarde a los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que la comunidad que reciba ayudas del ICO tendrá que comprometerse a que el Estado central le controle las cuentas y a presentar un plan para reconducir su déficit.
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Montoro ha anunciado los mecanismos que el Gobierno va a poner en marcha para que las autonomías tengan liquidez, que puedan hacer frente a sus pagos. En primer lugar, se va a crear una línea de crédito del ICO (Instituto de Crédito Oficial). La SER ha sabido que esa línea será exclusivamente para pagar a los proveedores. "Puede llegarse a una intervención temporal", ha dicho, tras asegurar que el Gobierno no dejará que las administraciones tengan problemas de liquidez "muy agudos".
No obstante, Montoro no ha querido adelantar una cifra a partir de la cual se produciría la intervención, pero ha precisado que se utilizarán los mismos criterios que en la UE, incluso en términos cuantitativos. "No voy a tener complejos de hacer las cosas pero tampoco de exigir, porque vamos todos en el mismo barco", ha asegurado Montoro en rueda de prensa: "No tenemos que ser ni más laxos ni menos estrictos" que la Unión Europea.
La línea de crédito del ICO no se prestará incondicionalmente; quien la solicite, deberá someter sus cuentas al control de Hacienda y deberá presentar un plan de saneamiento de sus cuentas. La otra medida importante es la que ya avanzó Montoro en Málaga: aplazar diez años la devolución del dinero que las comunidades deben a Hacienda.
Montoro también ha explicado a la ley de estabilidad presupuestaria. Significará que las comunidades autónomas van a tener que fijar un techo de gasto antes de elaborar sus presupuestos. Tendrán que tener un límite de déficit y quien no cumpla, podrá ser sancionado dependiendo de la magnitud y la reiteración de las comunidades. Asimismo, tendrán un límite de endeudamiento, que se situará en el 60% del PIB de la comunidad.
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