La policía corrobora la versión de Garzón

Segundo día de juicio contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Es el turno de los testigos propuestos por las acusaciones y la defensa. La policía ha corroborado la versión de Garzón y ha señalado que el magistrado les advirtió expresamente que el núcleo central de su resolucion autorizando la intervención de las comunicaciones era preservar el derecho de defensa. El abogado querellante, Ignacio Peláez, ha dicho que la medida permitió a la policía, al fiscal y al juez conocer todos los movimientos de los abogados. Movimientos y reuniones para coordinar el derecho de defensa y no para blanquear el dinero que la 'trama Gürtel' tenía en el exterior.

Segunda jornada del juicio que se celebra contra el juez de la Audiencia Nacional, acusado por los jefes de la 'trama Gürtel' a los que investigó de un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales. Baltasar Garzón ordenó intervenir las conversaciones en prisión entre Francisco Correa, Pablo Crespo y sus letrados. Se enfrenta al fin de su carrera, a una pena de inhabilitación de entre diez y diecisiete años de inhabilitación. Este miércoles está previsto que declaren los seis testigos propuestos por la acusación y la defensa.

El comisario principal de la unidad de delitos económicos, el inspector jefe del grupo encargado de las pesquisas sobre la 'trama Gürtel' y el funcionario policial adscrito a prisiones han corroborado punto por punto la versión de Garzón. El comisario ha subrayado que el juez de la Audiencia Nacional les advirtió, cuando autorizó intervenir las conversaciones en prisión de Francisco Correa y Pablo Crespo con sus abogados, de que el derecho de defensa prevalecía sobre cualquier diligencia policial. El mando policial ha añadido que fue él el que le sugirió, dada la complejidad de la investigación intervenir estas comunicaciones y que el juez les indicó que él desglosaría aquellas que afectaran al derecho de defensa. La fiscalía, ha añadido, apoyó la medida y sus sucesivas prórrogas.

En la misma línea, el inspector jefe ha explicado que el mandamiento judicial que firmó el magistrado para intervenir las comunicaciones incluía expresamente una cláusula para "preservar el derecho de defensa" y que el juez les explicó que ese era "el núcleo central de su resolución". A juicio de este funcionario los abogados actuaban de enlace entre los reclusos y el exterior. Por eso, los primeros letrados de Correa y Crespo fueron imputados por colaborar en el delito de blanqueo de capitales. Después llegaron los que le han sentado en el banquillo por estos hechos pero ese cambio, según el policía, no hizo que desaparecieran las sospechas que avalaban esas escuchas, ya que estaba en marcha la investigación por el presunto delito de blanqueo de capitales.

En su declaración también ha desmentido que los informes policiales sobre la intervención de las comunicaciones tuvieran como objetivo advertir al juez o al fiscal de la estrategia de defensa para que pudieran preparar sus interrogatorios. "No había ninguna correlación", ha subrayado el agente.

No nos reuníamos para blanquear dinero

Ignacio Peláez, el abogado que presentó la querella contra Baltasar Garzón y que dio origen a este procedimiento, se ha presentado como víctima de los delitos por los que se acusa a Garzón. A preguntas del letrado de la defensa, Francisco Baena Bocanegra, no ha podido acreditar que acudiera al locutorio de la cárcel a reunirse con los jefes de la 'trama Gürtel' en calidad de abogado. No obstante, ha explicado que la medida acordada supone "un quebrantamiento del derecho a la intimidad porque pensaba que estábamos en un Estado de Derecho".

Durante su interrogatorio, el testigo ha explicado que en las conversaciones que mantuvo con los reclusos habló de los encuentros que mantenía con otros letrados de la 'trama Gürtel' pero que la finalidad no era "blanquear dinero" sino coordinarse "para defender los intereses de sus clientes".

Peláez ha asegurado que esas escuchas en prisión se utilizaron en los interrogatorios que se efectuaron a su cliente, el empresario José Luis Ulibarri, cuando la causa ya estaba en el Tribunal de Justicia de Madrid. En este sentido, ha subrayado la "sagacidad" de las fiscales del 'caso Gürtel' en sus interrogatorios que solo podían obedecer a que tuvieran conocimiento de unas conversaciones que ellos consideraban privadas. La policía, el fiscal y el juez instructor "conocían todos nuestros movimientos y las reuniones que manteníamos", ha concluido Peláez.

Obsesionados con el derecho de defensa

El último en declarar ha sido el funcionario judicial que estuvo codo con codo con el juez de la Audiencia Nacional y las fiscales anticorrupción llevando el peso de la investigación de la 'trama Gürtel'. Vicente Maroto ha relatado la presión bajo la que tuvieron que trabajar con un sumario tan complejo como este. Ha indicado que tanto Baltasar Garzón como la fiscalía estaban "obsesionados con preservar el derecho de defensa y expurgar las conversaciones que afectaran a este derecho fundamental". De hecho el juez le señaló una tarde para realizar el desglose que, finalmente, realizó con una de las fiscales del caso. Ella le fue ordenando las partes de la transcripción de las conversaciones que tenían que ser depuradas.