Sociedad | Actualidad

Grave retroceso de la dependencia desde las elecciones autonómicas de mayo de 2011

En nueve autonomías hay menos dependientes atendidos que hace casi un año

El Sistema de Atención a la Dependencia ha perdido desde las pasadas elecciones autonómicas de mayo cerca de doce mil beneficiarios. La aplicación de la Ley de Dependencia ha retrocedido claramente en nueve comunidades autónomas: Aragón, Castilla La Mancha, Navarra, Asturias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Extremadura, Baleares y Cantabria. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que no mantienen la tasa de reposición al suprimir las ayudas cuando se muere un beneficiario.

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Cinco años después de su entrada en vigor, el desarrollo de la Ley de Dependencia retrocede seriamente. A la decisión del gobierno de Rajoy de paralizar este año su aplicación se unen los recortes en las ayudas que están imponiendo las comunidades. Nueve comunidades atienden hoy a doce mil dependientes menos que hace diez meses cuando se produjo el vuelco electoral en España: Aragón (-5.637), Castilla La Mancha (-1994), Navarra (-1.162), Asturias (-1.079), Comunidad Valenciana (-934), La Rioja (-325), Extremadura (-249), Baleares (-200) y Cantabria (-180).

"Estas comunidades no mantienen la tasa de reposición y cuando fallece un dependiente que recibe una prestación, esa ayuda se suprime y no se le otorga a otro dependiente" asegura José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Ramírez destaca sin embargo que la variación ha sido durante estos meses positiva en cuatro comunidades que han incorporado nuevos beneficiarios: Castilla y León (8.528), Andalucía (6.797), Madrid (6.627) y País Vasco (2.947).

El presidente del colectivo alerta de que el limbo de la dependencia se vuelve a hacer crónico con cerca de 300 mil personas que están a la espera de recibir una prestación a pesar de tener el derecho reconocido. Ramírez asegura que el decreto del gobierno de establecer una moratoria en la aplicación de la ley deja fuera a 59 mil dependientes moderados y añade que el ahorro que supondrá esta medida es solo de 80 millones de euros.

 
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