Inhabilitación de diez años para los cargos que falseen y oculten datos

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presentado el código de Buen Gobierno donde se anuncian sanciones para los gestores públicos que incumplan sus responsabilidades. Se darán a conocer las resoluciones que se adopten en el tema de las incompatibilidades y se incluirá por primera vez un baremo para limitar el sueldo de los cargos públicos de las corporaciones locales.

Hasta diez años de inhabilitación y multa para los cargos públicos que falseen documentos y oculten datos. Esta conducta será considerada delito. Es uno de los aspectos más destacados del anteproyecto de ley que ha aprobado este viernes el Ejecutivo en que se incluye un código de Buen Gobierno con sanciones para los cargos públicos que incumplan sus responsabilidades.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que su objetivo es que en España las "Administraciones publicas cumplan, sean respetuosas en la gestión de los fondos públicos y transparentes en el uso de los mismos". A su juicio, va a servir "para devolver la credibilidad en las instituciones y que los gestores públicos respondan con su propio cargo".

El Gobierno ha detallado lo que considera infracciones muy graves. Entre ellas destacan la administración de los recursos de la hacienda pública sin cumplir las disposiciones que regulan su liquidación y recaudación; la ausencia de justificación para la inversión de fondos con arreglo a la ley de subvenciones; comprometer gasto sin crédito suficiente; el incumplimiento deliberado de la obligación de reducción de deuda o no realizar los planes de ajuste previstos por la Ley de Estabilidad.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a esta norma coincidiendo con el fin de la campaña de las elecciones andaluzas y asturianas. De hecho, en un momento dado de la rueda de prensa, Santamaría ha comentado que lo que se pretende es evitar una situación como la vive Andalucía a cuenta de los ERE. De los casos que han salpicado a su formación, ni una palabra.

Está previsto que este código, con rango legal, se aplique en todas las Administraciones y afecte a todos los responsables políticos. "Con ello se establecen principios éticos y de actuación que dejan de ser retórica o meras recomendaciones", ha resaltado Santamaría.

Para ella, se traduce en "una obligación" que si se incumple dará lugar a un procedimiento infractor y su correspondiente sanción. Las sanciones incluyen la destitución de los puestos que ocupen y la imposibilidad de ser nombrados durante un periodo entre cinco y diez años.

Lo que parece definitivamente claro es que nadie irá a la cárcel. Aunque Santamaría ha recordado que si no se cumple la pena de multa, esta se sustituye por la de prisión. Los culpables serán señalados: "La competencia determina la responsabilidad". Lo que la vicepresidenta no quiso fue apuntar directamente hacia la autoridad más alta del escalafón.

A Sáenz de Santamaría se le ha preguntado que si se va a producir un endurecimiento de la ley de incompatibilidades tras el polémico fichaje de la exvicepresidenta Elena Salgado, para una filial de Endesa. "Esta ley por primera vez va a hacer públicas las resoluciones en relación a las compatibilidades e incompatibilidades. Se colgaran en la pagina web para reforzar la transparencia", sostuvo la vicepresidenta.

También se incluye por primera vez un baremo para limitar el sueldo de los concejales y alcaldes. Este se establecerá en los Presupuestos Generales del Estado. Para fijarlos se tendrán en cuenta las características de cada entidad local desde su población a otras circunstancias económicas o administrativas.