Sociedad

El PSOE vota en contra de la ley de estabilidad, apoyada por PP, CiU, UPyD y UPN

El Gobierno no consiguió el apoyo del PSOE durante la reunión previa

El PSOE finalmente ha votado en contra del Proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, lo que deja atrás el consenso con el que socialistas y populares pactaron el pasado verano la introducción en la Constitución de la obligación de vigilar el déficit público.El PNV se ha abstenido en la votación.

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Hasta unos minutos antes de que el Pleno del Congreso votara las enmiendas al proyecto de ley, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han negociado con la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, y el diputado socialista Valeriano Gómez. El principal escollo para la negociación ha sido el techo de déficit estructural para 2020, que el PSOE defendía que quedara en el 0,4% del PIB frente al "déficit cero" que establece la norma.

Sáenz de Santamaría ha reprochado al PSOE su falta de responsabilidad y se ha mostrado sorprendida por que este partido no sea coherente en la oposición con lo que pensaba cuando estaba en el Gobierno. Por su parte, la portavoz socialista ha señalado que ha sido imposible modificar el 'mantra' del "déficit cero", pese a que Montoro ha asegurado que han ofrecido a los socialistas eliminar la referencia expresa a esa cifra.

La vicepresidenta ha valorado sin embargo la "responsabilidad" de CiU, que ha apoyado la norma, y del PNV, que se ha abstenido, así como el respaldo de UPN y de UPyD. A estos grupos les ha agradecido "su sentido de la responsabilidad y su compromiso con España en un momento en que hay que trabajar todos con esfuerzo en la búsqueda de acuerdos y consenso", ha dicho.

CiU también ha ayudado al partido en el Gobierno a tumbar las cinco enmiendas a la totalidad de la reforma laboral en el Congreso por considerar que los planteamientos de quienes se oponen a hacer cambios en el mercado de trabajo "son de otra época".

En este sentido, los nacionalistas catalanes consideran que no se puede vincular la protección al trabajador con una alta indemnización por despido, en referencia a las críticas de los grupos que creen que el abaratamiento del despido es una de las peores injusticias de la norma.

Quienes han pedido la retirada del proyecto de ley -grupos socialista, Izquierda Plural (IU-Cha-ICV) y UPyD y los partidos ERC y BNG- han basado su oposición a la norma en que recorta los derechos de los trabajadores y no sirve para crear empleo. La diputada del PP Carmen Álvarez Arenas ha criticado la "demagogia", "frivolidad y oportunismo" del PSOE por pedir que se cambie la reforma cuando ellos no lo hicieron cuando estaban en el Gobierno.

El PSOE ha insistido en que la destrucción de empleo no tiene su origen en la ley laboral y ha subrayado que ni el abaratamiento del despido ni el desmantelamiento de la negociación colectiva creará empleo, algo que sólo podrá hacerse cambiando el modelo de crecimiento.

Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad, el proyecto de ley entra ahora en el Congreso en la fase de enmiendas al articulado, aunque con la advertencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de que no se cambiará la filosofía del texto.

La mayoría parlamentaria también le ha servido al PP para sacar adelante el decreto ley de medidas tributarias que reforma el impuesto de sociedades y establece una amnistía fiscal parcial para el dinero negro que sea declarado, que sólo tendrá que pagar entre el 8 y el 10% por esas rentas.

La mayoría de los grupos de la Cámara Baja han rechazado un plan de regularización que consideran un agravio para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, mientras que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha insistido en que no se trata de una amnistía fiscal, sino de un "gravamen sobre activos ocultos".

<a name="despiece1"></a>Las diferencias entre PSOE y PP

El texto del Gobierno2. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales.No obstante, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferiorLa propuesta del PSOE2. El conjunto de las Administraciones publicas no podrá incurrir en déficit estructural superior al 0,4% definido como déficit ajustado al ciclo.Las administraciones públicas deberán cumplir con los objetivos de déficit estructural a medio y largo plazo definidos en el tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.

 
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