La jueza acusa al exconsejero andaluz Antonio Fernández de "empobrecer a los andaluces"

La jueza Mercedes Alaya ha acordado la prisión incondicional del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía. A juicio de la magistrada, Antonio Fernández puede fugarse incluso con su familia ya que "tiene suficiente capacidad económica para la evasión sin que su familia o el arraigo fueran obstáculo", según ha plasmado en el auto, "porque podrían acompañarle sus familiares mas próximos en la misma".

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El auto de ingreso en prisión dibuja una red de ayudas y reparto de dinero publico aprobadas de forma presuntamente irregular por el consejero de empleo de la Junta andaluza que la magistrada se atreve a calificar como "absolutamente groseras".

El imputado "hizo una dejación absoluta de sus funciones generando lamentables consecuencias con el enriquecimiento para unos y el empobrecimiento para las arcas de la comunidad andaluza con el despilfarro de fondos y una inconmensurable falta de control".

Según la magistrada, Antonio Fernandez, "regaló ayudas por amistad, por parentesco, por afiliación política, tanto a cargos de la Junta como a miembros del PSOE andaluz".

En su relato, la juez asegura que el político se saltó las leyes nacionales y europeas para seguir manteniendo una serie de ayudas "con absoluto desprecio al derecho por consentir que terceras personas hayan dispuesto ilegítimamente de fondos públicos".

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Durante diez años, según el relato de la juez, el consejero de Empleo con absoluto olvido de principios permitió que se favoreciera a una determinada zona del norte de Sevilla en detrimento del resto de la comunidad, aunque también fue muy generoso con las empresas de la tierra donde nació, en Jerez de la Frontera. Así, en el norte de Sevilla "regaló ayudas por valor de 51 millones de euros mientras que para el resto de Andalucía solo fueron 30 millones".

Esto refleja, según la juez, la total despreocupación por el destino del dinero que favoreció el enriquecimiento personal de sus amigos. "Es indiferente, dice la juez, que parte del dinero fuera para comprar fincas, cocaína o enriquecimiento de sus amigos, el criterio era discrecional, injusto y contrario al interés general".

Según la juez, "la máxima autoridad laboral durante una década daba el visto bueno para la financiación arbitraria de personas próximas al PSOE Andaluz".