El alcalde de Valladolid pedirá informe para saber si puede cobrar el IBI a la Iglesia

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha anunciado este miércolessu propósito de solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de Castilla y León con el fin de clarificar si el Consistorio tiene atribuciones para cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios de la Iglesia.

León de la Riva, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que ha mantenido un encuentro monográfico con el concejal de Hacienda y entre ambos han tomado la decisión de evacuar consulta al Consejo Consultivo de Castilla y León para tomar una decisión al respecto, ya que hasta ahora, como así ha advertido, el Ayuntamiento ha estado sujeto a lo que marca la Ley de Haciendas Locales y el Concordato suscrito con la Santa Sede, "y ahí las cosas están muy tasadas".

En este sentido, el primer edil vallisoletano ha recordado que la institución que preside no está cobrando el IBI a la Iglesia, "pero no sólo la Católica", pues se está aplicando la misma medida en el caso de una iglesia Evangélica y otra de Testigos de Jehová, si bien ha insistido en que será preciso ahora "estudiar el tema en profundidad, pues no parece de recibo que en otros ayuntamientos se hagan cosas distintas".

Santiago de Compostela ya rechazó que se revisase el Concordato para cobrar IBI a la Iglesia. El pleno de la capital gallega, en la que se ubica el Arzobispado y en la que la Iglesia cuenta con un importante patrimonio histórico, ya rechazó recientemente pedir la revisión de los acuerdos con la Santa Sede para cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia o, en su caso, pedir una compensación. Por su parte, el Ayuntamiento de Lugo apuesta por que esta cuestión se "canalice" a través de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno central.

También ha sido recientemente desechada otra iniciativa semejante formulada en Vilagarcía de Arousa, donde también gobierna el Partido Popular, y en cuyo pleno no prosperó una moción impulsada por Izquierda Unida para cobrarle esta tasa a la institución católica.