Primera sentencia en Estrasburgo por el despido de un profesor de religión en España

José Antonio Fernández fue despedido tras asistir a una reunión del Movimiento Pro Celibato Opcional, después de seis años dando clases de religión en su condición de ex sacerdote casado y con cinco hijos. El demandante alega que se vulneró su derecho a la intimidad y a la expresión de sus ideas, ya que tanto el Obispado como sus alumnos conocían su situación y no habían objetado nada durante años. La sentencia, primera que llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentará jurisprudencia para el estado español.

El de José Antonio Fernández, que hoy tiene 75 años, es el primer despido de un profesor de religión en España que llega a la corte europea de Estrasburgo. Ordenado sacerdote en 1961, Fernández pidió la dispensa del sacerdocio en 1984. En los años siguientes se casó por lo civil y tuvo cinco hijos. Una situación que no impidió que el Obispado de Cartagena le diera el visto bueno para trabajar como profesor de religión en varios institutos murcianos entre 1991 y 1997. La relación laboral se suspendió cuando Fernández acudió como público a una reunión del Movimiento Pro Celibato Opcional y su imagen fue publicada casualmente en un periódico. Entonces, el obispado de Cartagena justificó el despido porque "se había hecho pública y notoria su situación", y eso podía afectar a la sensibilidad de muchos padres de familia.

"Todo el mundo, empezando por el obispo, mis alumnos y los padres de mis alumnos, conocían perfectamente mi situación personal y eso no había sido nunca motivo de problemas. Mi dispensa del sacerdocio nunca ha puesto en cuestión mi compromiso cristiano ni mi dedicación a la Iglesia ni a mi actividad docente. Creo que, por desgracia, fue una decisión que pone de manifiesto la hipocresía que hay en determinadas esferas de la jerarquía", ha señalado señala Fernández en declaraciones a la cadena SER mientras aguarda una sentencia que espera suponga un resarcimiento moral a un despido que considera injusto.

El abogado del demandante, José Luis Mazón, ha tramitado la denuncia en Estrasburgo por presunta vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos. "Creo que la Iglesia vulneró su derecho a la vida privada y a la libre expresión ideológica, porque el motivo del despido fue la publicación en prensa de que era militante del Movimiento Pro Celibato Opcional, una asociación plenamente legal".

La Conferencia Episcopal, a través de sus servicios jurídicos, está personada también en este caso. La Iglesia defiende en Estrasburgo la competencia que le atribuyen los acuerdos entre España y el Vaticano para decidir sobre la idoneidad moral de los profesores de religión, como requisito previo a su contratación por parte del estado.