Las pruebas que acorralan a Matas

Esta semana el letrado de Jaume Matas presentó un escrito en la Fiscalía General del Estado denunciando el doble rasero de Anticorrupción. Antonio Alberca sostiene que si su cliente está imputado por haber concedido subvenciones millonarias al Instituto Noós cuando lo dirigía Iñaki Urdangarin, la misma suerte deberían correr otros cargos públicos que hicieron lo mismo en Valencia como Rita Barberá o Francisco Camps. Fuentes del Ministerio Público, consultadas por la SER, sostienen que ambos casos no son comparables.

El Ministerio Público se da por enterado de la queja de Jaume Matas sobre lo que él denomina el doble rasero de la Fiscalía Anticorrupción que pide su imputación porque el gobierno que presidía concedió 2,3 millones de euros al Instituto Noós y no hace lo propio con el expresident valenciano, Francisco Camps, o con la alcaldesa de esa ciudad, Rita Barberá, quienes a través de la Fundación Valenciana de Turismo, adjudicaron a la entidad dirigida por Iñaki Urdangarín más de tres millones de euros.

Las fuentes fiscales consultadas aseguran que las diferencias en ambos casos son notables. Dulce Linares, exjefa de gabinete de Matas, el exconseller de Turismo, Joan Flaquer o el arrepentido, 'Pepote' Ballester, han asegurado ante el juez que fue Jame Matas quien ordenó que se contratara con Urdangarin y quien fijó la forma jurídica que había que darle a los convenios.

En Valencia, las pesquisas han llegado hasta Alfonso Grau, mano derecha de la alcaldesa, Rita Barberá. Grau declaró ante el juez que los contratos recibieron el visto bueno del Consejo de Administración de la Fundación de Turismo. Además, este organismo es de capital mayoritariamente privado, con lo que no se le aplica la legislación de los contratos de la Administración Pública, como en el caso de Baleares. Grau solo mencionó a Camps en su interrogatorio para reconocer que el expresidente se reunió con el Duque de Palma y que "creía" que tras esa reunión, Camps dio la orden de que se contratara con Urdangarin.

Esta situación podría cambiar en función de los interrogatorios que tiene previsto practicar en las próximas semanas en Valencia el juez José Castro.