El Gobierno actuará contra Bildu por pagar un documental sobre presos etarras
Interior ve claros indicios de incurrir en una posible ilegalización
La primera iniciativa del ministerio del interior contra Bildu advierte que podría ser ilegalizada si persiste en destinar 9.000 euros para un documental sobre los presos de ETA, ya que este tipo de hechos están expresamente prohibidos en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre Sortu.
En esa sentencia, el alto tribunal perfila en su artículo 15 que pueden ser ilegalizados quienes desde puestos institucionales promuevan el ensalzamiento de los autores de acciones terroristas o su presentación como víctimas o héroes.
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El ayuntamiento de San Sebastián, dirigido por Bildu, está detrás de esta iniciativa que podría incurrir en alguno de los supuestos de ilegalización señalados por el Constitucional en la sentencia de Sortu.
Desde luego, la subvención está ya entregada y ahora los servicios jurídicos del Estado y la fiscalía podrían actuar contra Bildu.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ve claros indicios de incurrir en una posible ilegalización para una formación que pretende promocionar valores de una organización terrorista desde las instituciones.
Según una nota de prensa distribuida este lunes por Interior, el ministro sostiene que: "Bildu puede estar incumpliendo ese fundamento de la sentencia que establece claramente las conductas por las que se puede ilegalizar un partido político y no lo vamos a permitir. La sentencia hay que acatarla en su totalidad y no nos va a temblar el pulso para pedir que esos fundamentos jurídicos elaborados para Sortu se establezcan también para Bildu".
"Bildu puede incurrir en el incumplimiento de una de las conductas del fundamento jurídico 15 que persigue el ensalzamiento de los autores de acciones terroristas o su presentación como víctimas o héroes, teniendo especial alcance cuando tales conductas se realicen por quienes, estando en puestos institucionales, las autorizan o toleran, así como la realización de actos públicos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares".
