Sanidad comienza a aplicar desde el domingo el copago farmacéutico

Los medicamentos con receta pública, cuyos tramos vienen fijados en el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, comprenden una horquilla mensual de pago que va de los 8 a 18 y 60 euros, en función del nivel de renta de cada contribuyente.

Los ciudadanos en activo tendrán que pagar el 40, el 50 o el 60 por ciento del precio de los fármacos. Con carácter general, tendrán que abonar un 60 por ciento del precio los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros.

Quedan exentos de esta medida, que ha contado con el rechazo frontal de buena parte de los agentes sociales y algunas comunidades como Andalucía y País Vasco, los parados que no reciban subsidio de desempleo, que no tendrán que pagar cuantía alguna. También quedarán exonerados de este copago los perceptores de rentas de integración social, de pensiones no contributivas y aquellos con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad laboral, además de los afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en la normativa específica.

Pese a que Sanidad ha venido defendiendo en las últimas semanas, en un contexto actual de crisis económica, la conveniencia de implantar esta medida más como freno al actual consumo desmesurado de fármacos con receta pública que como afán recaudatorio, gobiernos regionales como el andaluz ya han advertido de que este ''repago farmacéutico'', como así lo han llamado, castigará aún más el bolsillo de las rentas más débiles.

Del mismo modo, han alertado del posible efecto disuasorio que en los pensionistas pueden generar esta medida, con el consiguiente peligro de falta de adherencia terapéutica a sus tratamientos -no seguimiento de sus tratamientos al no retirar más fármacos de las boticas- y su riesgos para la salud.

Respecto a la cuestión logística de cómo se llevará a cabo esta medida, también han sido muchas las dudas elevadas por las comunidades, que, como la catalana, han admitido tener serias dificultades de poder llegar a tiempo.

De hecho, organizaciones de consumidores como la FACUA-Consumidores en Acción ha advertido de que la "prematura" implantación de este copago farmacéutico "puede ser caótica", aconsejando por ello a los usuarios que vigilen "posibles cobros indebidos", en referencia a que aquellas personas que pasen de sus topes mensuales de copago fijados por su nivel de renta tendrán que adelantar ese dinero de más, que luego le será reembolsado por las comunidades de turno en un plazo máximo de seis meses.