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La juez ve "sólidos indicios" de que Rafael Blasco cobró de la trama de las ONG valencianas

Considera que el portavoz parlamentario del PP valenciano pudo haber cometido fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental

El auto de la titular del juzgado número 21 de Valencia es demoledor. Dice que lo que eran "meras sospechas" contra Rafael Blasco, después de las investigaciones "han pasado a convertirse en sólidos indicios de participación en la actividad ilícita".

La juez recalca que de la intervención de correos electrónicos y documentación incautada en un registro, se desprende que Rafael Blasco habría cobrado varios miles de euros a cambio de adjudicar entre 2008 y 2011 como consejero de Solidaridad los proyectos humanitarios a la red liderada por su amigo, el empresario Augusto César Tauroni, quien después desviaba los fondos públicos de esos proyectos a sus empresas en el extranjero o adquiría artículos de lujo.

Tauroni, único de los más de 20 imputados que permanece en prisión desde el pasado mes de febrero, desvió según el sumario al menos 6 millones de euros que iban a ser destinados al tercer mundo. Con parte de ese dinero, el empresario habría comprado dos apartamentos de lujo en Miami, un yate o una avioneta, y según la juez, también pagó a Blasco por sus servicios.

En su auto de 76 páginas al que ha tenido acceso la Cadena SER, la juez pide al Tribunal Superior de Justicia que impute al aforado Rafael Blasco, todavía portavoz del PP en las Cortes valencianas. La juez subraya que hay "sospechas fundadas" de que Blasco "cometió hechos de naturaleza delictiva". Según la Fiscalía Anticorrupción, Rafael Blasco sería responsable de supuestos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.

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