Siete años de recurso contra el matrimonio entre personas del mismo sexo
Un repaso al recorrido de un recurso que ha tenido en vilo al colectivo gay
Integrantes de la multitudinaria manifestación del sábado en la Gran Vía para reivindicar la vigencia del matrimonio entre personas del mismo sexo(EFE)
Tres meses. Eso fue lo que tardó el Partido Popular en presentar ante el Tribunal un recurso de inconstitucionalidad en contra del matrimonio gay aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el 3 de julio de 2005.
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El rechazo del Partido Popular a la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo quedó demostrado durante la votación de la ley en el Congreso de los Diputados: de los 183 votos a favor que recibió, sólo uno de ellos provino de un miembro del PP, Celia Villalobos. Tras la entrada en vigor de la normativa, el por entonces portavoz del Partido Popular, Eduardo Zaplana, anunció que el PP ya tenía tomada la "decisión política" de recurrir la nueva ley ante el Constitucional. Diez días más tarde, el 30 de septiembre de 2005, los populares presentaban el recurso ante el Tribunal.
Pero, a pesar de contar con el apoyo de la Conferencia Episcopal Española o el Foro de la Familia entre otros, ni en el seno del propio Partido Popular parecían ponerse de acuerdo. Las voces más destacadas en contra de este recurso eran las de Esperanza Aguirre -que, aunque consideraba que la ley probablemente era inconstitucional, no estaba de acuerdo con esta maniobra puesto que podía ser considerada como un ataque a la comunidad homosexual, y ella recalcaba que era Presidenta de todos los madrileños, sin excepción-, la del por aquel tiempo alcalde de Vitoria, el actual portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, o la del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Este último incluso ofició su primera boda gay entre un miembro del Partido Popular y un abogado y asesor de la Comunidad de Madrid.
Ante las críticas, Mariano Rajoy asumió "personalmente" la interposición del recurso, aunque, según sus propias palabras, no era una discriminación de los homosexuales, lo único que se discutía era la utilización del término "matrimonio". Pero los colectivos homosexuales no estaban convencidos de que esto fuera un mero problema de etimología. Por ejemplo, el socialista Pedro Zerolo afirmaba que eliminar la palabra "matrimonio" de la ley suponía que los homosexuales perdieran la consideración de cónyuges "con todos sus derechos inherentes" o el derecho a la adopción. Y esto último parecía ser confirmado por Ana Mato, que afirmó que el PP estudiaría este punto porque "Lo primero que hay que velar es por el bien de los niños, ver cómo están los niños y cómo se protege mejor a los niños en esta ocasión [...]. Antes que nada, anteponemos los derechos y el bienestar de los niños a todo lo demás".
Tanto desde el PSOE como desde organizaciones como FELGTB han pedido en innumerables ocasiones al Partido Popular que retire el recurso, pero siempre se han encontrado con la negativa. El candidato a la presidencia Mariano Rajoy repetía en la Cadena SER que "Nosotros tenemos una discrepancia por el nombre. Yo en 2004 presenté una ley parecida a la regulación de otros países y yo le dije al presidente que si se cambiaba el tema del nombre sería aceptada por todo el mundo, pero el presidente no quiso. Yo he recurrido ante el TC pero no voy a presionar al Constitucional, y voy a esperar". Y en sus trece se ha mantenido. Lo mismo ha dado que su nuevo Ministro de Justicia dijera en los micrófonos de 'A Vivir que son dos días' que no consideraba que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera inconstitucional, o que en la última revisión del Diccionario de la Lengua Española, la Real Academia reconociera e incluyera la definición "homosexual" en las acepciones de "matrimonio". Rajoy ha preferido esperar al dictamen del Constitucional. La pregunta que queda en el aire es si aceptarán esta sentencia o, aun así, reformarán la ley.
