Internacional

Una comisión independiente ha concluido que el operativo policial falló en su actuación ante la matanza de Utoya

El primer ministro noruego, Jens Stoltenberg, ha presentado el informe de la comisión independiente sobre el asesinato de 77 personas en julio de 2011 por Anders Behring

La comisión independiente creada para evaluar el operativo policial durante la matanza de la isla noruega de Utoya ha dictaminado que éste debería haber actuado de forma "más rápida", aunque admite que no hay "razones para pensar" que el ataque pudiera haberse evitado.

Según la comisión, que recibe el nombre de 'Comisión 22 de julio', por la fecha en que se produjo la matanza perpetrada por el ultraderechista Anders Behring Breivik, la policía "falló" en el objetivo de "proteger a la gente" que se encontraba en ese lugar.

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El informe, leído por la jurista Alexandra Bech Gjorv, al frente de la comisión, recomienda adoptar "nuevas medidas preventivas" para impedir en el futuro este tipo de ataques, así como para evitar los "efectos adversos" de lo ocurrido. También ha destacado como positiva la "buena comunicación" del Gobierno con la ciudadanía, así como el hecho de que los ministerios lograran reanudar casi de inmediato sus tareas y seguir funcionando con normalidad, pese a la devastación provocada por la bomba en el complejo gubernamental.

La llamada 'Comisión 22 de Julio' ha presentado este lunes su informe, un año después del doble atentado de Breivik, con un total de 77 víctimas, 8 muertos al estallar un coche bomba en el centro de Oslo y 69 en la matanza en la isla, en su mayoría adolescentes participantes en el campamento de las juventudes laboristas. Los trabajos de la comisión, discurrieron en paralelo al proceso contra Breivik, cuyo juicio quedó en junio visto para sentencia, anunciada para el próximo día 24.

La comisión independiente fue creada en agosto del año pasado, ante la creciente presión mediática y social de Noruega por analizar los presuntos fallos cometidos por la policía. El mandato del grupo, integrado por diez personas, entre juristas y expertos, era elaborar una evaluación independiente de la labor policial, además de hacer recomendaciones para prevenir amenazas futuras. Su cometido era analizar todos los aspectos relevantes de lo ocurrido, de forma rigurosa y objetiva, sin centrarse en actuaciones individuales, sino en la globalidad del operativo.

La comisión fue creada por encargo del primer ministro, Jens Stoltenberg, con el respaldo de los otros dos grupos de la coalición de Gobierno, el Partido Centrista y el Partido de Izquierda Socialista, así como de liberales, cristianodemócratas y conservadores.

 
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