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Luz verde para la reforma educativa de Wert

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto que modificará la LOE aprobada hace seis años por el PSOE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, durante la rueda de prensa que han ofrecido tras la reunión del Consejo de Ministros. /

El ministro Wert asegura que se trata de una reforma práctica e instrumental que busca mejorar la competitividad de los alumnos españoles y niega un carácter ideológico o recentralizador de competencias. El proyecto eleva al 75% la capacidad del estado de regular los contenidos educativos, recortando el margen de actuación de las comunidades autónomas y establece un sistema de hasta cuatro exámenes obligatorios y comunes para todos los alumnos entre los 8 y los 17 años. Wert justifica los cambios por "los malos resultados del sistema educativo y por la dispersión de contenidos a nivel territorial"

El anteproyecto, presentado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, como una de las principales reformas estructurales del Gobierno, da luz verde al debate sobre la que será la séptima reforma educativa de la democracia. Un texto que el ministro Wert ha defendido como práctico, instrumental, enfocado a mejorar los resultados educativos y las futuras perspectivas laborales de los alumnos y que pretende restaurar la equidad territorial perjudicada por una excesiva dispersión de contenidos. Wert ha negado también el cáracter ideológico, segregador y centralista que le reprochan distintos sectores educativos por medidas como la inclusión de reválidas, la separación temprana de alumnos, la supresión de Educación para la Ciudadanía o la financiación con fondos públicos de colegios que separan a niños y niñas en las aulas. El ministro ha cifrado en 300 millones de euros los costes de consolidación de la reforma para los años 2016-2020, y ha reconocido que, aunque la supresión de asignaturas optativas podría suponer una menor necesidad de profesores, esa reducción se compensará con el refuerzo de materias troncales.

Cuatro exámenes entre los 8 y los 17 años

Según el anteproyecto de ley, todos los alumnos españoles deberán pasar por exámenes obligatorios y comunes para todo el estado, a los 8, 11, 15 y 17 años. Los dos primeros no tendrán consecuencias académicas, es decir, los alumnos que suspendan podrían teóricamente pasar de curso, si bien serán los equipos docentes quienes decidan si es conveniente o no que el estudiante repita. Sin embargo, en el caso de los exámenes al término de la Secundaria y el Bachillerato sí será imprescindible aprobar la prueba tanto para obtener el título como para pasar a otra etapa.

En el caso de la ESO, el exámen será distinto para quienes hayan optado por hacer FP o Bachillerato. La puntuación final se obtendrá ponderando en un 70% las notas obtenidas en Secundaria y en un 30% la conseguida en el exámen final. En el caso del Bachillerato, el peso del exámen final será todavía mayor: hasta representar un 40% del total de la nota final del alumno.

Ese exámen o reválida al término del Bachillerato supondrá la desaparición de la Selectividad tal cual existe en la actualidad. Tras ese exámen, cada universidad podrá establecer sus propias pruebas específicas de acceso para seleccionar a sus propios alumnos.

Se adelanta la edad de elección

Además la reforma adelanta la elección de distintos itinerarios a los 14 años, y sitúa a los 15 la separación efectiva del alumnado que opte bien por la FP bien por el Bachillerato. Se reducirán asignaturas optativas para reforzar materias troncales como lengua o matemáticas y se limitan a cinco las vías en el Bachillerato: Ciencias e Ingeniería, Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales

La reforma cambia el sistema de elección de los directores de centro que a partir de ahora serán elegidos por un concurso de méritos en el que tendrá un mayor peso de decisión la administración educativa. Los directores contarán con más autonomía para decidir sobre las plantillas de profesores. Además, el anteproyecto de ley prevé posibles "traslados forzosos" de docentes en función de las necesidades educativas e incluso prevé que los docentes puedan dar materias distintas a las que imparten, dentro de su cuerpo de especialidad, o que docentes de las escuelas de idiomas puedan ser transferidos a los institutos

Adiós a Educación para la Ciudadanía y a Conocimiento del Medio

Ambas materias desaparecen de primaria. La primera se suprime y la segunda se desglosará en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. También se cambia la ley para que, como anunció el ministro Wert, los colegios que separan a niños y niñas por sexo puedan seguir recibiendo fondos públicos a través de los conciertos educativos, pese a la reciente sentencia en contra del Tribunal Supremo.

Inquietud en la comunidad educativa por una reforma "ideológica, segregadora y centralista"

El texto que este viernes llega al Consejo de Ministros será debatido a partir de ahora con la comunidad educativa y con las comunidades autónomas en una ronda oficial de contactos que el ministerio abrirá en los próximos días. A la espera de conocer con detalle las propuestas, ya se han escuchado las primeras voces contra las líneas generales de una reforma que según el presidente de CEAPA, Jesús Sánchez,"es segregadora, se carga de un plumazo el sentido de la evaluación contínua y no supone mejoras pedagógicas sino meramente ideológicas, con reválidas que en vez de apoyar a los alumnos con dificultades, los echará a la cuneta".

También los sindicatos han mostrado su preocupación por la modificación de las condiciones laborales del profesorado y el posible impacto sobre el empleo docente de la reducción de las asignaturas que se imparten en España. "Creemos además que es una cortina de humo que pretende desviar la atención sobre el auténtico problema actualmente en las aulas, los recortes brutales en educación que está aplicando el Gobierno y que amenazan seriamente la calidad y la igualdad", asegura José Campos, de CCOO.

Bronca autonómica

Capítulo aparte son las reticencias que puede provocar el recorte de las competencias autonómicas sobre todo en las comunidades con lengua cooficial que hasta ahora podían fijar hasta un 45% de los contenidos en los diseños curriculares y que, según el borrador, verán reducido ese margen en un 10%. El Gobierno vasco ya ha reaccionado pidiendo la dimisión del ministro Wert por una norma retrógrada que invade competencias autonómicas. El titular de Educación ha negado un carácter recentralizador en el anteproyecto pero ha insistido en que es obligación del Estado velar por una igualdad interterritorial, garantizando una menor dispersión de los contenidos educativos, algo sobre lo que, según Wert, ya han advertido a España distintos organismos europeos.

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