Las manifestaciones fuerzan al gobierno de Lisboa a no subir las cotizaciones de los trabajadores

El Gobierno del Primer ministro portugués Pedro Passos Coelho ha aceptado este sábado y tras dos semanas de presión social dar marcha atrás en la subida de la Tasa Social Única (TSU), las retenciones que practica el Estado a las nóminas de los trabajadores y a las empresas.

Las manifestaciones que se han sucedido durante la última semana en Portugal han conseguido que el gobierno de derechas de Lisboa retroceda en su decisión de subir un 7% las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. Las conclusiones de la reunión del Consejo de Estado, celebrada el viernes por la tarde a petición del presidente de Portugal, también han influenciado en la decisión del ejecutivo de mayoría conservadora de dar un paso atrás en la medida.

En la nota oficial emitida tras el Consejo de Estado se reconocía la "disponibilidad manifestada por el gobierno para buscar alternativas", que ha contado con el rechazo casi en pleno de toda la sociedad portuguesa. La oposición de izquierda y los sindicatos han sido los más críticos con una medida que en palabras del secretario general socialista, Antonio José Seguro, "supera todos los límites de la austeridad".

La sorpresa también ha sido que los empresarios, que a priori salían beneficiados -con la reducción de un 5,75% de las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social por sus trabajadores- también se han opuesto, considerando que no servirá para "frenar el cierre de empresas ni fomentar el empleo", como defendía el gobierno, sino todo lo contrario, hará caer aún más el consumo interno, teniendo a medio plazo el efecto contrario del buscado.

Para los trabajadores portugueses, el anuncio del aumento de las cotizaciones, que en la práctica se traduciría por un sueldo menos al año, ha sido la gota que ha colmado el vaso de su capacidad de sacrificio. Por eso, el pasado sábado más de un millón de personas se manifestó por diferentes ciudades lusas para enviar un mensaje claro al gobierno: "que le den a la troika, queremos nuestras vidas".

Según una encuesta realizada esta semana por la Universidad Católica, el 77% de los portugueses considera que el gobierno lo está haciendo "mal o muy mal"; el 88% no cree en la democracia y el 95% de los encuestados piensa que las cosas van a seguir igual de mal o incluso peor. Con este panorama, unos 15.000 portugueses volvieron a protestar el viernes, frente al palacio presidencial, en cuyo interior transcurría el Consejo de Estado en el que murió la medida antes incluso de ser aprobada. Aun así, en la nota oficial también se defiende "la necesidad de cumplir los compromisos asumidos con las instituciones internacionales que continúen garantizando la financiación".

Este lunes, el gobierno ya se reúne con patronales y sindicatos para empezar a trabajar en esa alternativa que tendrá que tener el mismo impacto en la reducción del déficit público, que este año tendrá que llegar al 5%. La prensa lusa baraja la posibilidad de que el gobierno cree un nuevo impuesto sobre las pagas extraordinarias tanto en el sector público -donde ya han sido suprimidas este año- como en el sector privado.

Por ahora, este cambio del gobierno puede entenderse como una victoria de las manifestaciones de los portugueses, que han transcurrido con gran sentido cívico, a pesar de las dificultades por las que atraviesa cada vez un mayor número de ciudadanos. Sin embargo, los portugueses saben que la austeridad todavía no ha terminado, y que el gobierno seguirá exigiendo sacrificios para cumplir los compromisos asumidos en la firma del programa de ayuda externa con las instituciones internacionales. Por eso, el Consejo de Estado ha pedido que haya "equidad y justicia" en esos sacrificios.