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Google y Facebook rechazaron identificar a los convocantes del 25-S fuera de la Justicia

La Audiencia Nacional solicitó los datos personales y los dispositivos desde donde se estaban utilizando los correos electronicos habilitados para organizar la convocatoria del 25-S. Google y Facebook facilitaron a la Policía más de 50 IPs de ordenadores, es decir la clave numérica que identifica el dispositivo, además de un número de móvil asociado a uno de los correos.

La investigación a la convocatoria del 25-S se judicializó el pasado 14 de agosto. El objetivo era identificar a los promotores de la protesta. Con este fin, los agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, responsables de las investigaciones, solicitaron varios mandamientos judicales. El primero a Facebook para que identificara al creador del evento 'Ocupa el Congreso'. Además, los agentes señalan un video de la convocatoria con enlace a Youtube colgado el 29 de junio y detallan las principales páginas desde donde se difunde la convocatoria.

Sobre estas páginas la Policía pide al juez los mandamientos judiciales correspondientes para investigar e identificar las IPs de los dispositivos desde donde se utilizan las cuentas de correo electrónico creadas ad hoc para la convocatoria del 25-S. En concreto, info.ocupaelcongreso; contacto.ocupaelcongreso; medios.ocupaelcongreso; paseeoalcongreso.contacto, todas de Gmail por lo que se dirigen a Google Inc. El mandamiento a Facebook es similar, los agentes solicitan "todos los datos relacionados con el creador del evento 'OcupaElCongreso", concretamente el perfil, las direcciones IPs, fechas, horas de creación y los datos asociados al perfil que lo creó.

Una vez acotan los dispositivos, los agentes intentan cerrar el círculo y piden a las empresas de telecomunicaciones, según se lee en el sumario, "cuantos datos de identificación tengan en sus archivos sobre los usuarios a quienes les fueron asignadas las direccones IPs y en concreto el teléfono físico asociado para la conexión a Internet".

Ambas compañías norteamericanas facilitaron a los agentes de la brigada de Investigación Policial un listado con las IPs utilizadas desde donde se mandaron correos electrónicos, revelando 50, además de un teléfono móvil asociado a uno de los correos. Sin embargo, Google y Facebook rechazaron ir más allá, es decir, aportar nombres, apellidos y datos personales de los usuarios e instaron a la Policía a utilizar los cauces habituales. En este caso, una comisión rogatoria a través del Departamento de Justicia Norteamericano. Los departamentos de seguridad de Facebook y Google Inc recuerdan también a la Policía que para obtener esa información sobre datos personales de los usuarios de sus redes se requiere, al menos, acudir al Tratado de Asistencia Legal Mutua.

Compañías españolas

La Policía quiso investigar e identificar a los usuarios que accedían a estas cuentas de corre, para lo que pidieron a cinco empresas proveedoras de accesoa a Internet facilitar la titularidad de las mismas. Los cinco mandamientos judiciales fueron a Vodafone, R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, Jazztel Telecom, Telefónica y Orange. Todas identifican las IP?s de los ordenadores y por el momento no han remitido las identidades de los usuarios.

La convocatoria "Ocupa el Congreso" se judicializó el pasado 14 de agosto por posibles delitos de subversión del orden Constitucional y alteración de la paz pública a raiz del primer comunicado que circulaba en Internet bajo el título 'Ocupa el Congreso'. En dicho manifiesto se instaba a un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, la dimisión del Gobierno y la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, entre otros puntos. El evento se publicó por primera vez en Facebook el pasado 17 de junio de 2012 de forma anónima. La investigación policial la ha llevado a cabo Brigada de Información de Madrid - dedicada al seguimiento de grupos extremistas y violentos - y los agentes del Grupo de Fraudes en el Uso de las Telecomunicaciones de la Policía Nacional.

¿Cómo empezó la investigación judicial del 25-S?

Las últimas acciones legales contra el entorno de los convocantes y simpatizantes del 25-S no estaban motivadas por una escalada de tensión entre los convocantes de la protesta y la Policía sino por la propia investigación de la Audiencia Nacional. Las identificaciones en las asambleas celebradas en el retiro, las detenciones en la manifestación de los sindicatos el pasado 15 de septiembre ante el intento de desplegar una pancarta con el lema "Ocupa el Congreso" e incluso los registros policiales dentro de los autocares que trasladaban a los participantes hasta Madrid eran el resultado de la instrucción judicial contra la protesta "Rodea el Congreso". Se inició de oficio, por parte de la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional. El pasado mes de junio y a raíz de la publicación del primer manifiesto difundido el 17 de junio bajo el nombre "Ocupa el Congreso" hecho público en Facebook. El comunicado llamaba a "permanecer en el Congreso de manera indefinida, la dimisión del Gobierno y la apertura de un proceso constituyente", entre otros objetivos, lo que podía suponer delitos contra la Constitución.

La denuncia por este posible delito contra las instituciones del Estado recaló en el juzgado de instrucción número 17 de Madrid el pasado mes de julio. El juzgado, con el visto bueno de la Fiscalía, rechazó abrir diligencias al considerar que la urgencia alegada por la Policía no estaba justificada. Finalmente, el juzgado número 35 abrió diligencias previas para inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al tratarse del artículo 494 del Código Penal. Fue entonces cuando el atestado recabó en el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, a manos del magistrado Santiago Pedraz.

La instrucción de la Audiencia Nacional es la primera investigación a los miembros activos de este tipo de convocatorias y protestas basadas en la desobediencia civil. En Estados Unidos no hay precedente de instrucciones judiciales en el entorno del movimiento Occupy Wall Street, tampoco en el resto de países europeos.

Fases de la investigación

Según se desprende de la lectura del sumario, en la investigación policial y judicial al 25-S hay varias fases. En la primera la Policía se centra en identificar a los promotores de la concentración vía Internet: a través de las redes sociales, sus correos electrónicos y números de teléfono asociados a las cuentas de la convocatoria, además de intentar localizar a los grupos de apoyo de la convocatoria "Rodea el Congreso". En una segunda fase, a partir del 24 de agosto, los agentes mantienen la vigilancia en las redes y en cada movimiento de la convocatoria a través de Internet; ya tienen los nombres y apellidos de alguno de los promotores y centran la instrucción en seguirles e identificar a los miembros del entorno. Además, tratan de localizar a cualquier persona que quiera participar en una manifestación bajo sospecha, al poder estar incurriendo la convocatoria en un delito contra las Instituciones del Estado. Así lo demuestran los mandamientos a los bancos para que faciliten a la Policía el nombre y apellido de los titulares y de quienes ingresan donaciones o el precio del billete de autobús para venir desde otras provincias a Madrid. Dos días después de la firma de ese mandamiento, el juez imputó a ocho de los promotores de la convocatoria de un delito contra el Estado.

El día de la manifestación, ya legalizada por la Delegación de Gobierno, los GEO identificaron a los viajeros con controles y registros establecidos a la entrada de la capital. Según la instrucción, desplazarse a Madrid para participar en la convocatoria "Rodea el Congreso" el pasado 25-S podía suponer un delito de colaboración por participar en hechos delictivos. Los 35 detenidos vinculados con los altercados del 25-S han acabado en la Audiencia Nacional, tras la inhibición de una jueza de Madrid que entendía que sobre todos los arrestados podía haber "sospechas bastantes" de haber atentado contra las Cámaras.

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