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El Gobierno quiere prohibir la grabación y difusión en Internet de imágenes de la Policía

El Ejecutivo pretende "dar un paso al frente" para dotar de más seguridad el trabajo de la Policía "desde la legalidad y el cumplimiento del Estado de Derecho"

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó /

El director general de las Policía, Ignacio Cosidó, ha avanzado que la próxima Ley de Seguridad Ciudadana prohibirá la captación, tratamiento o difusión en Internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones si ponen en riesgo su persona o la operación en la que están trabajando.

A raíz de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Ejecutivo, Interior quiere prohibir la grabación y la difusión de imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad de servicio, "cuando su actuación pueda suponer un peligro para los agentes o un riesgo para operaciones en curso", según Ignacio Cosidó.

Fuentes policiales especifican a qué imágenes o contexto se refieren, en particular, "imágenes cuya distribución se haga a través de Internet y puedan poner en peligro actuaciones policiales o la integridad de los agentes".

La intención es que "determinadas imágenes que afectan a la difusión a través de Internet puedan ser perseguidas", añaden. ¿De qué imágenes estaríamos hablando? "cuando se les identifica, señala y se incita a acciones contra ellos".

El anuncio ha sido del propio director general de la Policía en una reunión con los sindicatos del instituto armado. Ignacio Cosidó ha justificado la medida porque así se podría "buscar un equilibrio en la protección de las fuerzas de seguridad y los derechos de los ciudadanos"; proteger el derecho a la intimidad de los agentes y el derecho a su honor e imagen, "un paso al frente", ha dicho, "para dotar de más seguridad el trabajo de la policía". Llegado el caso, se aplicaría la normativa amparo de la ley orgánica 1/82 de protección civil de protección al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

El director general ha aprovechado el encuentro para apoyar el anteproyecto de reforma del Código Penal ya que sentaría "las bases para la prevención y persecución de las conductas que atentan gravemente contra el orden público". Entre las novedades, el texto mantiene la pena entre seis meses y un año de cárcel para la acción de resistencia pasiva o la desobediencia. La pena se agrava cuando se porten armas o similares o se realicen actos de violencia con peligro para la vida de los ciudadanos.

Identificar en los medios

Sobre la identificación de los policías en medios de comunicación se ha manifestado en contra el Sindicato Unificado de Policía. A través de un comunicado, piden que se establezca un mecanismo para determinar en qué supuestos se produce la vulneración de esos derechos necesaria para que la Dirección General actúe en defensa de los policías. Además, exigen un informe jurídico comparativo con las democracias de nuestro entorno para saber cómo se aborda en otros países europeos es te problema. Su presidente, José Manuel Fornet, insta al director de la Policía a que explique "si pasa en nuestro entorno o supondría parecerse a otro tipo de Policías".

Visión judicial

En el entorno judicial suelen ver con dificultad el encaje jurídico de este tipo de propuestas que en ocasiones los ministerios de Interior y Justicia prentenden incluir en el anteproyecto de las reformas. En este caso, Joaquim Bosch, presidente de Jueces para la Democracia, asegura que "aunque a Cosidó le avala la jurisprudencia, en los supuestos a los que se quiere aplicar colisiona frontalmente con el derecho constitucional de la información".

Posibles riesgos de una protesta

El proyecto de Código Penal junto a la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno ha generado polémica cuando el hecho de garantizar el orden público colisiona con el derecho de manifestación, reunión y difusión de información en Internet.

El pasado 11 de abril, el ministro Jorge Fernández Díaz planteaba en el Congreso las intenciones del ministerio: "Aquellas personas que se concentren previamente a través de los medios que sean - incluído Internet - para actuar de forma coordinada provocando alteraciones de orden público y utilizando técnicas de guerrilla urbana esa conducta sea tipificada como delito".

La reforma del Código Penal tenía previsto considerar "miembros de organización criminal" a quienes alteraran "gravemente" el orden público o convocaran por cualquier medio actos violentos. Finalmente, la simple convocatoria no será delito. Se habló de igualar la resistencia pasiva al atentado contra la autoridad, algo que también ha quedado fuera del texto con un año de prisión máxima.

Sin embargo, no toda propuesta se ha caído antes de llegar al Congreso. Hay delitos que antes no existían y tienen el visto bueno del anteproyecto. Por ejemplo, penetrar en establecimientos públicos u obstaculizar el acceso, una protesta dentro de un banco - aunque no lleguen a producirse actos de violencia - tendría pena de prisión. Al igual que paralizar los medios de transporte.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en los últimos días ha manifestado la intención del Gobierno de contemplar como delito manifestarse con el rostro cubierto, el mismo día recordaba que el derecho de manifestación no es un derecho ilimitado. De momento, ambos apuntes no han llegado al texto de las reformas legislativas.

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