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Economía

El Gobierno, decidido a dificultar el acceso a las jubilaciones tempranas

La Seguridad Social propone aumentar progresivamente los años con los que se accede a la jubilación anticipada y obligar a trabajar más a los que quieran acogerse a la jubilación parcial

Hace una semana, el Gobierno envió a los diputados sus propuestas para acercar la edad real de jubilación de los españoles a la edad legal. Unas recomendaciones genéricas que pasaban por complicar el acceso a las jubilaciones tempranas e impulsar el seguir trabajando más allá de la edad habitual de retiro. Este jueves, el Secretario de Estado de Seguridad Social ha presentado esos textos en el Congreso y ha dado algunos detalles más sobre lo que quiere el Ejecutivo.

Tomás Burgos ha presentado los informes ante la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo, que es la que estudia las propuestas de cambio sobre el sistema de pensiones. Aunque el contenido de su intervención no se alejó mucho del contenido genérico de los informes, sí que dio algunas pinceladas con datos concretos que maneja el Gobierno.

Por ejemplo, sobre la jubilación anticipada propone "adecuar la edad de acceso a la jubilación anticipada a la edad legal ordinaria de acceso a la pensión, es decir, permitir que ambas evolucionen de forma paralela y acompasada". Eso supondría que, si la edad legal va a ir aumentando de 65 a 67 años de 2013 a 2027, que la anticipada también subiese progresivamente de los 63 a los 65. También ha subrayado la conveniencia de aumentar los años de cotización necesarios para acceder a esta fórmula y reorganizar los coeficientes penalizadores de la jubilación anticipada.

Burgos ha sido especialmente duro con la jubilación parcial, la que permite a un trabajador retirarse desde los 61 haciendo sólo un 25% de su jornada a cambio de la contratación de otro trabajador, que haría el resto. Para el Secretario de Estado esta fórmula es "un mecanismo muy privilegiado de jubilación, sin coste para el ciudadano, con cargo exclusivo al sistema de Seguridad Social y que afecta a estratos de población de alta cualificación, salarios y derechos de pensión". En este caso, la propuesta más concreta que ha formulado Burgos es aumentar el tiempo de jornada del trabajador que se retira en un 50%.

Compatibilizar salario y pensión

Burgos ha defendido con énfasis otra de las propuestas del Gobierno: fomentar el retiro tardío de los ciudadanos articulando fórmulas de compatibilidad entre salario y pensión para los que decidan seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación. En este sentido, ha dado cifras del ahorro que supondría para el sistema; según él, con una percepción del 60% de la pensión (el resto sería salario) a la que se acogiera el 25% de los pensionistas y sin revalorizar esas pensiones, el ahorro podría llegar "en unos años" a casi 500 millones de euros.

Según Burgos todas las propuestas están abiertas a la negociación con los grupos. Eso sí, ha enfatizado que "el camino de la prolongación de la vida laboral no tiene alternativa". Asegura que estos cambios son necesarios para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, y que el sistema de bienestar "no retrocede, sino que se resguarda mediante la adaptación".

No ha convencido a la oposición

Los grupos de la oposición se han mostrado en general contrarios a las propuestas del Gobierno. Las principales críticas se han centrado en que dificultar el acceso a las fórmulas de jubilación temprana va a afectar mucho a los trabajadores de más edad que sean despedidos, puesto que no podrán acogerse a esas fórmulas, y que los cambios propuestos llegan antes de que entre en vigor la reforma de las pensiones de 2011 en lo que a jubilación anticipada y parcial se refiere.

Así, Carles Campuzano (CiU) ha asegurando que esta propuesta "castiga injustamente a los trabajadores de más edad, que son los que menos oportunidades tienen de continuar trabajando". Isabel López i Chamosa (PSOE) sostenía que la iniciativa del Gobierno busca "reducir las pensiones de los futuros pensionistas y conseguir un ahorro para la Seguridad Social", y para Joan Coscubiela (Izquierda Plural) reformar una ley que no ha entrado aún en vigor es una "profunda incongruencia" que genera "inseguridad jurídica".

El Gobierno sigue sin aclarar qué hará con las pensiones

Todos los diputados de la oposición en la Comisión del Pacto de Toledo se conjuraron para preguntar al Secretario de Estado de Seguridad Social sobre las intenciones del Gobierno de cara a la revalorización de las pensiones: le conminaron, en cada una de las intervenciones, a aclarar si habrá paga compensatoria por el aumento de los precios (tal y como los marca el IPC de noviembre) y si esa desviación se incorporará a la nómina de las pensiones a partir de enero.

La respuesta de Tomás Burgos no se apartó de la ambigüedad en la que se ha movido el Ejecutivo desde la vuelta del verano. Acusó al resto de los grupos de hacer una "utilización partidista" de las pensiones, e insistió en que "el Gobierno está sometido a las disposiciones legales y no hace falta estar diciéndolo permanentemente". No aclaró si entre los planes del Gobierno está cambiar esa ley, o hacer alguna interpretación restrictiva de la norma actual (algo que su redactado permite).

Al terminar la reunión de la Comisión los periodistas no tuvieron más suerte. En una apresurada conversación, en la que el Secretario de Estado no dejó de andar apenas un solo momento, Burgos se limitó a aclarar en que el IPC sobre el que se trabajará será el "real", sin responder a la pregunta de, si entre los planes del Gobierno, está articular algún cambio legal para modificar los parámetros de la revalorización.