Anna Tarrés pide 350.000 euros a la federación por dejarla sin trabajo

Anna Tarrés reclama a la Real Federación Española de Natación (RFEN) 350.000 euros por atentar contra sus derechos fundamentales en el ámbito laboral al ser relevada de sus funciones tras los Juegos Olímpicos de Londres

Esta es la cantidad que ha solicitado en el juicio de tutela de derechos fundamentales que se ha celebrado hoy en el juzgado de lo social número 2 de Tarrasa (Barcelona) y en el que ha acusado a la RFEN y a su presidente, Fernando Carpena, de atentar contra su dignidad personal e incurrir en acoso moral apartándola de sus funciones como seleccionadora nacional.

La compensación económica que exige Tarrés es la estimada de dos anualidades del salario bruto que cobraba de la federación (85.000 euros), más otras dos en premios por medallas en campeonatos internacionales (65.000 euros en 2012), a lo que hay que sumar otros 50.000 euros de indemnización por daños morales.

Según la parte demandada, la RFEN está detrás de la carta que quince exnadadoras firmaron contra Tarrés, a la que acusaron de trato vejatorio durante las concentraciones, y que la misma ha atentado contra su dignidad y su propia imagen.

"Antes de esa carta, en la que se le describe como un monstruo, Anna Tarrés era una persona reconocida internacionalmente a la que otra selecciones se rifaban", ha explicado el letrado Jorge García, abogado de la exseleccionadora,.

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Según ha intentado acreditar durante la vista, la entrenadora catalana tenía ofertas de México, Brasil, Italia y Canadá para dirigir el equipo de natación sincronizada. "Algunos de esas ofertas doblaban lo que cobraba en la federación y a raíz de todo este escándalo, se ha roto cualquier negociación", ha añadido García.

La demandante ha intentado demostrar el vínculo existente entre Carpena y el origen de la carta recordando la vinculación del presidente con la familia Violán.

El hijo de Carpena es la pareja sentimental de Luisa Violán, hermana de tres de las exnadadoras que firman la carta contra Tarrés y, el borrador de dicha carta se escribió, según la parte demandante, desde el ordenador de Jorge Violán, consuegro del presidente del RFEN.

Además, ambas familias -los Carpena y los Violán- pasaron juntos una semana de vacaciones en Tenerife en agosto pasado, días antes de que la federación comunicase a Tarrés que no seguiría en el cargo.

Este extremo ha sido reconocido por el propio Fernando Carpena, pero ha negado rotundamente estar detrás de la carta contra la exseleccionadora e, incluso, ha dicho no haberla leído nunca "en su totalidad" y haberse enterado de la noticia "por un taxista" que lo llevó al CAR de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) el día que estalló el escándalo.

"No tengo absolutamente nada que ver con la carta", ha declarado el máximo mandatario de la RFEN durante la vista, quien ha insistido en que el escándalo de la misiva "ha perjudicado más a la federación que otra cosa" y que en el caso de Tarrés "no ha habido ningún cese, sino una comunicación de que no se le renovaba el contrato el próximo 31 de diciembre".

En este sentido, el abogado de la demandante ha explicado que Anna Tarrés no solo se le ha relevado como responsable de la selección absoluta, cargo que ahora ocupa Esther Jaumà, sino que tampoco es cierto que ejerza de directora técnica de la federación, pues para esta función se ha nombrado a Ana Montero.

"A Anna Tarrés no la dejan ir a trabajar al CAR de Sant Cugat, han limpiado su mesa y han guardado sus cosas en cajas, la han separado del cuerpo técnico de la federación colocando a dos personas en su lugar y lo único que le han pedido que haga en los dos últimos meses son tres informes ridículos de dos páginas cada uno", ha explicado.

En la vista ha declarado como testigos tres de la exnadadoras que firmaron contra Tarrés: Cristina Violán, una de la impulsoras de la carta, Neus Seguí, la autora de la última versión de la misma, y Julia Casals.

Todas ellas han asegurado que Carpena no tuvo ninguna intervención en la redacción del escrito -las dos últimas han asegurado no conocerlo personalmente- pero tampoco han precisado nada respecto a las supuestas vejaciones que ellas o sus compañeros presuntamente padecieron de Tarrés durante los entrenamientos.

La defensa de la exseleccionadora, por su parte, ha querido dejar claro que de las quince sólo cuatro llegaron a ser internacionales absolutas y que el resto pertenecía al equipo júnior que entrenaba Bet Fernández, circunstancia que ella misma ha confirmado en su posterior declaración.

A la conclusión del juicio, Anna Tarrés se ha mostrado disgustada por lo que considera "un desagradable final" a sus quince años al frente de la sincronizada.

"Nunca se restituirá el daño que se me ha hecho a mí, a mi familia y a la sincronizada", ha asegurado Tarrés, quien no ha querido valorar las declaraciones de las nadadoras -"ellas han explicado su verdad", ha dicho- y cree que "todo lo ocurrido se ha orquestado desde la federación".

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