Los abogados europeos denuncian que los recortes en justicia son "perjudiciales"

La asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL) ha presentado una queja formal ante la Comisión Europea por los recortes "drásticos" aplicados en los servicios públicos de justicia en algunos Estados miembros. Las veintiún asociaciones, entre las que se encuentran dos españolas, señalan que "en estos momentos de crisis los ciudadanos tienen mayor necesidad de un poder independiente para defender sus derechos" y alegan que el Tribunal Constitucional italiano ya declaró como inconstitucionales los recortes salariales de jueces y fiscales.

Los abogados europeos asociados se han sumado a las protestas contra los recortes aplicados a la justicia. Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL) ha anunciado que presentará una queja formal ante la Comisión Europea por unos recortes "drásticos" aplicados en algunos Estados miembros y que "perjudican a todos los ciudadanos". En una reunión de veintiún asociaciones europeas de magistrados, que tuvo lugar el diez de noviembre en la capital rumana de Bucarest, el Consejo de Administración de MEDEL ha decidido presentar esta queja formal, así como informe denunciando la violación del Derecho Europeo por los Estados miembros que han aplicado estos "drásticos recortes" a la justicia.

Alegan las asociaciones en su escrito que "es en estos momentos de crisis cuando los ciudadanos tienen mayor necesidad de un poder independiente y reforzado al cual puedan recurrir para defender sus derechos", al igual que denuncian que algunos Estados miembros no han tenido en cuenta "la situación específica del servicio público de la justicia" violando el artículo 47 de la Carta de los Derechos Humanos, que garantiza a todos los ciudadanos europeos el derecho a acceder a un tribunal independiente e imparcial. Aluden especialmente a la reciente decisión del Tribunal Constitucional de Italia que este mismo año declaró como inconstitucionales los recortes salariales aplicados a jueces y fiscales. Una decisión que, según explica Ignacio González Vega, de Jueces para la Democracia, "puede extenderse al resto de Estados miembros".

Antonio Cluny, presidente de la Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, ha señalado en declaraciones a la Cadena SER que es necesario "asegurar la independencia de los jueces de los cambios de humor de la política y el poder". La portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, se ha pronunciado en esa misma línea, añadiendo que "estamos asistiendo al desmantelamiento de la justicia como servicio público, se está creando una justicia para ricos y otra para pobres". La Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia son las dos asociaciones de jueces y fiscales españoles que se han adscrito a esta queja formal.