El Consejo de Estado considera inconstitucional el euro por receta

El euro por receta es inconstitucional, así lo entiende el Consejo de Estado en un informe en el que el máximo órgano consultivo del Estado entiende que se rompe el principio de igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a los medicamentos. El gobierno conocía desde el pasado mes de junio este dictamen pero ni recurrió al Constitucional ni pidió la suspensión cautelar de la medida. Argumenta que prefirió agotar la vía de la negociación. Lo cierto es que los catalanes llevan desde el 23 de junio pagando un euro por receta.

El Consejo de Estado considera que se debe impugnar el artículo de la ley catalana que impone el euro por receta. En su informe, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, el organismo consultivo entiende que esta medida "puede provocar una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado".

El informe señala que se vulnera "la competencia exclusiva del Estado" sobre la coordinación sanitaria y la legislación de productos farmacéuticos.

En este sentido, añade que "corresponde al legislador estatal garantizar la unidad mínima en las condiciones de acceso alos productos farmacéuticos con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida y evitar la introducción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud". El informe señala que esa "desigualdad" puede venir sin duda provocada por la tasa que crea Cataluña al "obligar a los ciudadanos que adquieran medicamentos en su ámbito territorial a realizar un desembolso mayor que el que deban afrontar en otras partes del territorio del Estado".

El Consejo de Estado aprobó este informe el pasado 21 de junio, tres días antes de que Cataluña empezase a aplicar esta polémica medida. El gobierno no informó públicamente de las conclusiones de este dictamen que ve motivos claros de inconstitucionalidad en el euro por receta. Es más, tenía también desde el pasado 29 de mayo un informe de la Abogacía del Estado en el que se afirma que la Generatitat estaba invandiendo una competencia estatal. A pesar de los dos dictámenes ni recurrió ante el Constitucional ni pidió la suspensión cautelar de la medida.

Fuentes del ministerio de Sanidad han explicado a la Ser que el ejecutivo prefirió, antes de presentar el recurso de inconstitucionalidad o de pedir la suspensión de la medida, abrir el trámite de negociación con el gobierno de Mas. Esta es una vía alternativa que ofrece la legislación constitucional y que da un plazo de nueve meses para que las partes dialoguen y puedan llegar a un acuerdo. El plazo vence en diciembre y las mismas fuentes aseguran que si no hay acuerdo el gobierno presentará el recurso de inconstitucionalidad.

Los pacientes catalanes pagan desde el 23 de junio el euro por receta. La medida se extenderá a la Comunidad de Madrid a partir de 2013 después de que el gobierno de Ignacio González la aprobase dentro de su controvertida reforma sanitaria que establece además la privatización de seis hospitales madrileños.