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Economía

CASO NÓOS

El fiscal pide una fianza de 8,2 millones para Urdangarín y Diego Torres

En caso de que no depositen el dinero, se procederá al embargo de sus bienes

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de 8.189.448 euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres.

El fiscal Pedro Horrach ha solicitado que se abra una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual se dé traslado a las partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien y hagan las alegaciones que estimen oportunas, tras lo cual el juez, José Castro, dictará un auto con el que decidirá si estima o no la petición de la Fiscalía.

Se trata de una caución a la que, en caso de ser acordada por el magistrado, deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria ambos imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones.

En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., de la que la Infanta es copropietaria al 50%, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

Sin embargo, ni Urdangarin ni Torres serán los únicos para quienes el Ministerio contempla solicitar fianza, puesto que será más adelante cuando, previsiblemente, reclamen una nueva caución para otros imputados de la causa, a razón de su intervención en este entramado societario.

Mientras tanto, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, también ha presentado esta mañana su escrito, de 30 páginas, en el que pide la misma cantidad y detalla la forma en que "se disfrazó a Nóos con la careta del ánimo de lucro", a pesar de que se creó específicamente para acceder a distintos convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia y de esta forma defraudar el dinero público obtenido.