Hacienda dice al Gobierno vasco que pagar la extra a los funcionarios puede ser prevaricación

El Gobierno ha respondido a la intención del Gobierno vasco de abonar la paga extra de Navidad a sus 70.000 funcionarios con una amenaza: puede tratarse de un delito de prevaricación. El Ejecutivo de Rajoy responde así de forma más contundente al anuncio del gobierno presidido por el socialista Patxi López que a una iniciativa similar anunciada la semana pasada por el presidente extremeño José Antonio Monago, del Partido Popular.

El ministerio de Hacienda ha emitido una nota en la tarde de este miércoles en la que afirma que pagar la extra de diciembre a los empleados públicos contravendría el Real Decreto 20/2012, y se podría recurrir ante el Tribunal Constitucional "por tratarse del incumplimiento de una normativa básica estatal".

Pero el departamento que dirige Cristóbal Montoro va más allá: "Tanto si se dictase resolución o disposición para dar cobertura a esta infracción del orden constitucional, como si se acordasen por los órganos de personal actos de abono de la paga extra, con o sin orden expresa superior, se podría incurrir en delito de prevaricación". Recuerda la nota que este delito "consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo por parte de autoridad o funcionario público, a sabiendas de su injusticia".

Diferencia de trato

Aunque el ministerio no dice en la nota que vaya a denunciar al Ejecutivo vasco llama la atención que en este caso se haga alusión a un posible delito, mientras que en un episodio similar que afectaba a una Comunidad con presidente del PP el aviso fue mucho más suave.

El presidente extremeño, José Antonio Monago, anunció el pasado jueves que los empleados públicos extremeños cobrarían la paga de Navidad después de que una sentencia del Tribunal Constitucional adjudicase 240 millones de euros a su comunidad al avalar un impuesto extremeño a los depósitos bancarios que estaba hasta entonces recurrido.

Aunque más tarde Monago matizó que no se abonaría la paga suspendida, sino que se adelantaría a enero la extra de junio de 2013, la reacción inicial del Gobierno (a la que puso voz la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que se celebró al día siguiente) no hacía alusión al delito de prevaricación. Sáenz de Santamaría advirtió sencillamente de que el incumplimiento del decreto de julio podría traer consigo el riesgo de acabar ante el Tribunal Constitucional.